Los ganaderos señalan que el endurecimiento de la norma evidencia el desconocimiento del campo de los técnicos del Ministerio Un papel para cada vez que se mueven las ovejas o las vacas. El mayor temor de los ganaderos, que focalizan buena parte de sus quejas en el exceso de burocracia, asoma en las justificaciones para cobrar el ecorrégimen de pastoreo de la Política Agraria Común (PAC). La realidad del campo vuelve a toparse con la realidad de las instituciones que legislan. El modelo actual de la PAC -en vigor desde 2023 hasta 2027- añadió la figura de los ecorregímenes, unas prácticas voluntarias medioambientales que suponen una remuneración extra para el dueño de la explotación. Estas medidas aumentaron condicionalidad a la declaración de agricultores y ganaderos y una modificación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) que ha ido a más ha originado una nueva una problemática en el campo. Esta variación introducida a finales de 2024 obliga a los ganaderos a registrar movimientos ficticios que multiplican el papeleo para asegurar un pago que les debería corresponder si necesidad de incrementar la carga burocrática. «Hay que hacer un código por cada finca en la que hayan pastado los animales y una guía, como cuando se hace un traslado porque se ha realizado una venta de ganado», explica en conversación con El Debate Alfredo Berrocal, responsable de sectores ganaderos de Unión de Uniones y uno de los representantes de la organización agraria presente en la reunión con los representantes del Ministerio y del FEGA para exigir lógica y consultas previas a la hora de acometer este tipo de decisiones. Unión de Uniones destaca la situación de miles de parcelas que se encuentran en dos términos municipales. «A efectos de pastoreo de la parcela, es una única parcela, pero a efectos de justificación del ecorrégimen de pastoreo, parece que la autoridad competente exigirá un código REGA en los dos municipios y una guía de movimiento de una parte de la parcela a otra, lo que supone un trámite burocrático adicional y que supone realizar algo ficticio, ya que no hay un movimiento real del ganado de una parcela a otra», lamenta la organización, que hace referencia a casos en los que las propias naves ganaderas se encuentran en el límite entre dos municipios. «Solo falta que nos pidan una guía de movimiento para pasar las vacas de un corral a otro», condena Berrocal, que incide en que complejidad de la gestión para percibir cantidades que van de los 27,2 euros a los 54,5 euros por hectárea: «A lo mejor me cuesta 100 euros de mi tiempo para cobrar 200 euros. Hay que ser coherentes». Berrocal alude a que el endurecimiento para la justificación de los ecorregímenes evidencia el desconocimiento del Ejecutivo: «Los despachos están llenos de técnicos que no han pisado una finca en la vida. Si yo tengo una finca de media hectárea, meto las vacas por la mañana y las saco por la tarde; pues para eso hay que hacer dos guías». Las dificultades para justificar el pastoreo aparecen como el mejor ejemplo de la burocracia contra la que claman los ganaderos, ya que los obstáculos afectan especialmente a los pequeños ganaderos, que al carecer de cientos de hectáreas de forma continuada tienen que buscarse la vida en pastos comunales y pequeñas parcelas de un lado y otro. «En aquellas comarcas en las cuales la práctica tradicional en cuanto al pastoreo incluye el uso y aprovechamiento de pastos comunales, hay que vincular los códigos REGA propios de la explotación con los de los pastos comunales. En muchas comarcas de la Cornisa Cantábrica, lo más común es disponer de pastos comunales de primavera, de verano y de otoño, por lo que nos podemos encontrar con explotaciones que vinculan hasta 12 REGAS, incluyendo pastos comunales y parcelas privativas situadas en 2 o 3 municipios colindantes», asevera Unión de Uniones. El ganadero señala que «lo que no puede ser es que esté costando más el collar que el galgo» y propone que se exceptúe, a efectos de la justificación del ecorrégimen de pastoreo, la exigencia de guías de movimiento en el caso de municipios limítrofes, como se lleva a cabo en varias comunidades autónomas. Berrocal considera que deberían simplificarse los requisitos para parcelas pequeñas, dado el coste burocrático frente al importe que se percibe por superficies tan pequeñas para así simplificar «un sinsentido que pone de manifiesto el galimatías burocrático» que denuncian los ganaderos.