Las organizaciones agrarias no dejan de mencionar la palabra "pérdidas". Agricultores que venden sus granjas, otros que usan sus ahorros para pagar deudas o simplemente para mantener al día el pago de los créditos o hacer frente a despidos. En definitiva, el campo español lleva casi tres años viviendo una situación grave. Los números no mienten: el sector agrícola acumula nueve trimestres consecutivos de caídas en el empleo y 10 con retrocesos en la facturación, según los datos que se extraen de la encuesta que realiza el Banco de España a las empresas españolas sobre la evolución de su actividad. La mala racha parece no tener fin. La sequía, los altos costes de producción y una demanda estancada han sumido al sector en una crisis prolongada, poniendo en jaque la viabilidad de miles de explotaciones agrícolas en todo el país. La caída es más que numérica. Detrás de las estadísticas hay personas como Juan Luis Ávila, agricultor de olivos en Jaén, que se enfrentan a diario al reto de mantener su producción en condiciones adversas. "Llevamos más de dos años con una caída brutal en la producción, recogiendo un tercio de lo que sería una cosecha normal por la falta de lluvia", lamenta. Los efectos nocivos no se limitan a un solo territorio. Concepción García, de Albacete, ha dedicado toda su vida al cultivo de cereales y legumbres, y no recuerda haber pasado una racha tan mala. "Es una tormenta que no para, entre la sequía, los mayores gastos para cultivar y los préstamos que también son más caros, los últimos años han sido una lucha por evitar la bancarrota", comenta con un tono de resignación. El Banco de España refleja con claridad esta tendencia negativa. Desde el primer trimestre de 2022, cuando aún se registraba un tímido crecimiento del 0,6% en la facturación, la agricultura ha ido descendiendo gradualmente hasta acumular caídas de hasta el 0,36% en algunos periodos. Entre julio y septiembre de este año, cerró con una disminución adicional del 0,29%, lo que pone de manifiesto que las pérdidas se han prolongado más allá de lo soportable. La encuesta que realiza el organismo recoge las respuestas anónimas de empresas del sector que se encuentran en todo el país, por lo que se concluye que la disminución de la actividad económica es generalizada, a pesar de que haya zonas más afectadas. El empleo, otro indicador crucial para medir la salud del sector, refleja un panorama similar. El tercer trimestre de 2024 cerró con una caída del 0,18%, marcando así nueve trimestres consecutivos de descensos. Es decir, que por más de dos años los empresarios del sector han tenido que reducir la contratación . Más allá del sentir empresarial, distintos informes corroboran su menor participación en el mercado laboral. El informe sectorial agroalimentario, publicado esta semana por CaixaBank Research, muestra que el sector primario sigue destruyendo empleo, a un ritmo que ronda entre el 2% y 3% anual, "de tal manera que su peso en el total de afiliados continúa descendiendo". Entre enero y agosto de este año, el sector destruyó 18.000 empleos, lo que supone un recorte del 2% interanual. Por si fuera poco, la "evidente estacionalidad de la actividad que caracteriza al sector hace que su tasa de temporalidad siga siendo mucho más elevada que para el conjunto de la economía española", según detalla el informe. La combinación de todos estos factores ha llevado al sector a una situación crítica. "Estamos al borde del colapso", lamenta Ávila, que además subraya que las soluciones gubernamentales desplegadas hasta el momento han sido insuficientes. "Si esto sigue así, la gran despensa de España está en riesgo. Dependemos cada vez más de terceros países, y eso no es sostenible", advierte este agricultor. Según los últimos informes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) , desde mediados del año pasado ha habido una ligera mejoría en la situación de la sequía. Si en 2022 entre el 35% y 45% del territorio estaba afectado, en 2023 esta cifra bajó al 15%-25%, y en la primera mitad de 2024 se redujo aún más, llegando en torno al 15% del país. Pero a pesar de esta tendencia positiva, persisten grandes áreas de cultivo donde la sequía sigue siendo problemática. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) publicó esta semana un informe en el que destacó que el año hidrológico ?que comenzó el 1 de octubre de 2023 y terminó el 30 de septiembre de 2024? ha dejado una distribución muy desigual en las precipitaciones. En consecuencia, "las provincias bañadas por el Mediterráneo y ambos archipiélagos terminaron el año hidrológico en situación de sequía meteorológica", destaca el documento. Las provincias de Valencia, Alicante, Murcia y Almería, que son algunas de las áreas donde hay otras dificultades como el aumento de costes y la baja rentabilidad, continúan agravando la situación. Las razones detrás de esta caída en el empleo y la facturación son diversas y en muchos casos conocidas. Por un lado, la sequía de los últimos años redujo el rendimiento de las cosechas. Por otra parte, el aumento de los costes de producción, agravado por la guerra en Ucrania y la crisis inflacionaria, incrementó el precio de los insumos agrícolas. Finalmente, la subida de tipos implementada por el Banco Central Europeo para combatir el descontrol de precios terminó por encarecer los préstamos para un sector con gran necesidad de financiación. La sequía es, sin duda, el factor decisivo. Desde 2022, los niveles de precipitaciones han sido insuficientes para garantizar un rendimiento adecuado de las cosechas. Entre 2021 y 2023, la superficie de regadío en España disminuyó un 4,4%, según cifras de CaixaBank, un dato preocupante si se considera que los cultivos de este tipo de sistema representan el 65% del valor total de la producción vegetal del país. Aunque la modernización ha permitido una mayor eficiencia en el uso del agua, con un aumento de la superficie mantenida a base del riego por goteo y aspersión, la realidad es que los campos necesitan agua para producir a niveles rentables. Como señala Juan José Álvarez, secretario de Asaja, "sin este recurso la vida en el campo es insostenible y no hay manera de continuar". El aumento de los costes añade presión. Los precios energéticos y de los fertilizantes han alcanzado niveles superiores a los prepandemia, a pesar de una moderación observada desde 2023. Los insumos como los piensos, que representan cerca del 55% del total de los consumos intermedios del sector, también han mantenido precios altos, golpeando a los ganaderos. La consecuencia directa fue el encarecimiento de los alimentos, que en 2022 alcanzó una inflación del 16%. El precio de la cesta de la compra ha ido descendiendo hasta llegar al 2,7% en agosto de este año, pero sigue habiendo estragos. Prueba de ellos es el estancamiento en la demanda: las ventas minoristas en alimentación han crecido en lo que va de año un escaso 0,6% de media, según refleja el último Índice de Comercio al por Menor publicado en agosto por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra ya está deflactada, es decir, que elimina los efectos de la inflación, lo que permite ver el crecimiento real de las ventas en términos de volúmenes de productos vendidos y no solo por el aumento de los precios. Por último está la subida de tipos, que ha asestado otro golpe a un sector ya endeudado. El encarecimiento de estos créditos ha incrementado la carga financiera de los agricultores, limitando sus posibilidades de inversión en tecnología o mejoras productivas, esenciales para adaptarse a los desafíos climáticos. Aunque la reciente bajada de los tipos ofrece un pequeño respiro, las organizaciones agrarias creen que existen numerosas explotaciones con verdaderos problemas de solvencia. "Muchos han tenido que pedir préstamos no para invertir, sino para cubrir los gastos diarios de sus explotaciones", detalla Juan Luis Ávila. En un contexto en el que el empleo en la industria crece y la modernización parece ser la única salida, los agricultores se enfrentan a un presente complicado y un futuro lleno de incógnitas. "La automatización en el campo ha crecido, pero no ha sido suficiente para compensar la caída de la mano de obra. Los agricultores, enfrentados a márgenes cada vez más reducidos, están optando por no contratar, o simplemente no pueden permitirse mantener los niveles de empleo anteriores", asegura Miguel Cardoso, economista Jefe para España en BBVA Research. Aunque se prevén mejores producciones para este año, parece difícil que las empresas del sector reincorporen a todo el personal perdido en estos años. Miguel Padilla, secretario general de COAG, explica que el desgaste vivido y la incertidumbre de las cosechas futuras han hecho que los empleadores sean reacios a contratar. "Los niveles de empleo no volverán a ser los mismos, no al menos en el medio plazo", insiste. Mientras se pierden miles de puestos en el campo, se da la paradoja de que existe una creciente escasez de mano de obra en ciertos tipos de cultivo. Según Padilla, este fenómeno refleja una doble crisis. Por un lado, la falta de rentabilidad de ciertos productos, como el tomate cherry, ha llevado a su abandono, ya que requieren mucha mano de obra y España no pueden competir con los bajos salarios de otros países. Por otro lado, sectores que aún son viables se encuentran con una falta de trabajadores, lo que añade presión a las explotaciones. A esto se suma el problema del relevo generacional, pues es común que los trabajadores agrícolas se jubilen sin encontrar sucesores que continúen la actividad. En cualquier caso, queda por ver cómo evolucionará la política agrícola común (PAC) y las ayudas que el Gobierno destine a los agricultores en los próximos años. Las ayudas directas y los fondos para la modernización son clave para determinar si el sector puede ser competitivo y, sobre todo, rentable. "El campo necesita un apoyo firme, porque si no lo conseguimos ahora, corremos el riesgo de perder no solo empleos, sino también la capacidad de producir nuestros propios alimentos", enfatiza el secretario de Asaja. La paulatina disminución de los costes y la mejora incipiente de las condiciones hidrológicas están generando proyecciones más optimistas para la campaña 2024-2025, sin que estas supongan un crecimiento excepcional para el sector. Según el informe de Avances de superficies y producciones agrícolas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ( con datos hasta julio de 2024 ), la superficie cosechada de cereales de otoño-invierno ha crecido un modesto 0,9% respecto al año pasado, aunque sigue siendo un 5% menor que el promedio de las últimas cinco campañas. En términos de producción, la cosecha de 2024 alcanzaría las 16.655 toneladas, lo que supone un aumento del 91,2% en comparación con la temporada anterior. Aunque prácticamente duplica la cifra el año pasado, lo cierto es que se encuentra en línea con la media de las últimas cinco campañas, según señala el propio documento. Además, tanto la cebada como el centeno aún están por debajo de sus niveles promedio de cultivo. Las leguminosas, como judías, garbanzos o lentejas, muestran importantes aumentos en las cifras de producción, superando la media de las últimas campañas. También se prevé que la producción de girasol aumente un 14% respecto a la media registrada entre 2019 y 2023, pero del olivar, y en concreto del aceite, no se han proporcionado datos. Además, la producción de frutas típicas, como el plátano o la pera, sigue por debajo de la tasa promedio de los años mencionados. La producción de vino también irá por debajo de la media quinquenal. La de uva destinada a mosto y vino se mantendrá un 7% por debajo de las cinco campañas previas. Estos resultados reflejan un panorama de recuperación sesgado, en el que todavía queda margen de mejora en muchos cultivos. Además, tanto analistas como agricultores recuerdan que el clima siempre será impredecible. "No nos podemos fiar plenamente de las proyecciones. La naturaleza no se puede controlar y lo que hoy parece un buen pronóstico puede cambiar en cualquier momento", advierte Cardoso.