La consellera tiene el reto de impulsar las renovables, pero desde el sector primario le reclaman que se centre en los asuntos agrícolas y ganaderos "Soy una mujer de campo. Conozco el sector y me conocen". Así defendió Isaura Navarro su vinculación con el departamento que dirigirá durante los próximos seis meses. La nueva consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Energética tiene una amplia agenda de deberes por afrontar más allá del impulso a las renovables, la asignatura pendiente del Consell y el origen de la salida del Gobierno de Mireia Mollà. El foco lo tendrá puesto en las renovables y en la intención del Consell de conseguir que la Comunidad Valenciana acelere en la generación de los 6.000 megavatios de energía solar vertidos en la red a los que se ha comprometido en 2030, además de incrementar las cifras en autoconsumo. La instalación de nuevas plantas así como el desarrollo de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica recién aprobada son cuestiones prioritarias. Pero no son las únicas. Navarro ha abierto las puertas de su despacho a todos los colectivos, pero arrancar no será fácil. Lo primero que tendrá que hacer es reconstruir su equipo. Al cese de Mireia Mollà le siguió la dimisión del número 2 y pieza clave administrativa en las consellerias, el subsecretario. Alfons Puncel se marchó apuntando directamente a Mónica Oltra de estar detrás de esta purga política. Tras él presentó también su renuncia la secretaria autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Paula Tuzón . El área 'verde' del departamento tendrá que apuntalarse con las bajas. Además, la conselleria se ha encontrado con el sector primario alzando la mano para recordarle que que la agricultura y el desarrollo rural también están entre sus competencias y necesitan su atención. Durante la legislatura se han sacado adelante asuntos importantes como el tratamiento en frío de los cítricos, al que Bruselas por fin el visto bueno, o la ley de estructuras agrarias para convertir los minifundios valencianos en rentables y frenar el abandono. Sin embargo, esa legislación está aún por desarrollar, como la ley valenciana del Agua o la de defensa y promoción de la calidad agroalimentaria de la Comunidad Valenciana, retos que se marcó la conselleria en los últimos seminarios celebrados por el Consell. En marcha se debería poner la anunciada agencia autonómica de control alimentario , la réplica autonómica de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) del Ministerio, para poner coto a las prácticas comerciales abusivas y evitar así que los agricultores y ganaderos tengan que vender a pérdidas. Todo sin dejar de vigilar cómo entra en vigor la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC) en enero de 2023 y los necesarios esfuerzos para el control de plagas. Relacionado con el abandono de la labor agrícola y los cultivos está ligado también el plan de recuperación anunciado por Ximo Puig de las zonas devastadas por los incendios forestales de Bejís y Vall d'Ebo. De hecho, su predecesora puso sobre la mesa la posibilidad de introducir "un pago (a los agricultores y ganaderos) por servicios ambientales", algo que permite la nueva PAC. El agua es otro de los asuntos vitales que tendrá que afrontar Navarro, tanto por el coste del recurso, encarecido por la crisis energética, como por la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de recortar las aportaciones que recibe el sur de Alicante del trasvase Tajo-Segura . La infraestructura tiene en pie de guerra a los agricultores de las comarcas alicantinas, especialmente de la Vega Baja, y es además de un problema sectorial una batalla política en la que el PP se ha alineado claramente con los regantes. La posición del Consell ha sido la de recurrir vía administrativa el Plan de Cuenca del Tajo y no descartar la vía judicial, pero el discurso de la desalación no cala en un escenario de galopante ascenso de los costes energéticos. Ante la posición de Murcia, Andalucía y la Diputación de Alicante, Navarro tendrá que ser la cara del Consell en esta crisis. Aún hay dos asuntos polémicos más que salpican al departamento. De un lado es el futuro de la central nuclear de Cofrentes , cuyo paro estaba previsto para 2023, y la ampliación norte de Puerto de Valencia . La Conselleria ha mantenido una firme postura acerca de la necesidad de hacer un nuevo estudio de impacto ambiental pese a que el Ministerio de Transición Ecológica se lavara las manos y Fomento dejara la decisión en manos de la Autoridad Portuaria. En este punto, las diferencias entre PSOE y Compromís han sido, hasta el momento, insalvables.