El Gobierno de Aragón ha publicado la convocatoria de ayudas para impulsar la inversión de la industria alimentaria.
Chus García
Las ayudas priorizarán las inversiones realizadas por pequeñas y medianas empresas y por cooperativas. Oliver Duch
Aprovechando la inauguración oficial de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA), el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, anunció la pasada semana la inmediata convocatoria de ayudas (la cuarta correspondiente al Plan de Desarrollo Rural 2014-2020) para impulsar la inversión en la industria agroalimentaria de la Comunidad.
La orden aparecía publicada el pasado 26 de febrero, con lo que al día siguiente quedó activado el plazo de presentación de solicitudes que se prolongará durante un mes. Con ella se ponen a disposición de los solicitantes un total de 19 millones de euros. Un montante que tiene como objetivo ofrecer soporte económico a aquellas actuaciones, que ya sea en el ámbito de la transformación, de la comercialización o del desarrollo de los productos agrícolas, contribuyan a mejorar el rendimiento y desarrollo económico, fomenten los productos de calidad, favorezcan la innovación y respeten el medio ambiente, la seguridad laboral y la higiene y el bienestar animal y mejoren los ratios de sostenibilidad social, económica y ambiental. Y por supuesto, que generen empleo.
De esta cantidad, la mayor parte del dinero procede de las arcas comunitarias, en concreto de los fondos Feader (algo más de 10 millones de euros). El Gobierno autonómico aporta 7,9 millones y la cuantía que llega del Ejecutivo central supone algo menos del millón de euros. Y a ellas pueden optar personas físicas, jurídicas o sus agrupaciones, que sean titulares de industrias agroalimentarias situadas en Aragón.
Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y no podrán superar el 25% del importe de las inversiones subvencionables, eso sí, hasta un máximo de un millón de euros. Pero también hay una cuantía mínima a tener en cuenta, porque no se valorarán aquellos proyectos cuya inversión se sitúa por debajo de los 100.000 euros.
Para alcanzar el porcentaje máximo de ayuda hay que cumplir ciertos requisitos, recogidos en la convocatoria publicada. Así, todas las solicitudes que cumplan los requisitos de elegibilidad y la puntuación mínima establecidas en los criterios de valoración comenzarán con un porcentaje del 10% con independencia del tamaño de la empresa. A este índice se sumará un 5% adicional para las solicitudes que procedan de una pyme. Habrá un 5% más si la transformación de los productos utilizados en la pequeña y mediana empresa proviene de explotaciones agrarias que tengan suscritos contratos agrarios, son de socios o bien disponen de contratos con cooperativas o Sociedades Agrarias de Transformación (SAT). Se sumará otro 5% para pequeñas empresas cuyo proyecto de inversión se oriente a un incremento significativo de su capacidad productiva o aumento de la facturación o del empleo.
La ubicación también importa. Porque, como recoge la orden, se priorizarán las inversiones que se realicen en el medio -entendiendo como tal los términos municipales de menos de 100.000 habitantes- porque el objetivo es favorecer la fijación de población y la creación de empleo en los municipios , además de favorecer la sostenibilidad y la vertebración territorial.