El bloqueo de la negociación de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) inquieta al campo español y deja abiertos muchos frentes que determinan la inversión empresarial o cooperativa a la vez que crece el descontento entre los agricultores por las propuestas ambientales sobre la mesa. Las instituciones de la Unión Europea (UE) han cerrado una semana de negociación intensa en Bruselas sin un acuerdo para cerrar la PAC que regirá la agricultura entre 2023 y 2027 y, aunque existen reglamentos que aseguran su continuidad (en 2021 y 2022), el sector agrario español ha expresado su descontento por ese fracaso. En este momento, quedan muchos aspectos importantes por concretar y, más allá del cruce de acusaciones institucionales -entre Consejo de Ministros, Comisión Europea y Parlamento Europeo- la clave está en la ambición ambiental pretendida para la PAC, con la indignación de muchos agricultores y la posición a favor de ONG ambientalistas. Los contactos continuarán en junio, con el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE en Luxemburgo, los días 28 y 29, como nueva meta para los representantes de los Estados miembros; posteriormente, en España, el Gobierno y las autonomías determinarán la aplicación de la PAC y de los planes nacionales. La discusión de la presente reforma empezó hace tres años y es muy importante lograr un acuerdo en junio para no obstaculizar la puesta en marcha de dichos planes nacionales. Para el agricultor o la agricultora de a pie, la demora en la negociación de la PAC repercute, por ejemplo, en decisiones a medio plazo como la planificación de campañas, que no coinciden con años naturales, o en la inversión que pueda acometer una cooperativa. España recibirá 47.724 millones de euros para la futura PAC, según el acuerdo alcanzado en la cumbre de 2020, en la que los líderes comunitarios aprobaron el fondo de reconstrucción de la UE tras la pandemia. Será el tercer país beneficiario de fondos agrícolas, detrás de Francia y de Alemania. Las primas ambientales, el gran asunto pendiente Entre los puntos que suscitan más discrepancias destaca la introducción de los "eco-esquemas", unas ayudas complementarias con el fin de cumplir prácticas beneficiosas para el medioambiente. El Consejo de Ministros (Gobiernos) proponía inicialmente que abarcaran un 20 % de las ayudas, la Eurocámara un 30 % y en la negociación se ha llegado a hablar de un 25 %. Las instituciones también han discrepado sobre el año a partir del cual debería imponerse la llamada "dimensión social" para que las ayudas agrícolas o ganaderas vayan a explotaciones que respetan los derechos laborales de los trabajadores. Otra propuesta en el aire es la de los "pagos redistributivos", es decir una orientación de los apoyos que favorecería a pequeñas y medianas explotaciones; también queda por cerrar el "techo" de ayudas por explotación, debate recurrente en las reformas de la PAC. La PAC engloba, además, el reglamento relativo a la organización de los mercados y en su negociación salieron a relucir hace meses propuestas tan diversas como la extensión a 2045 de los derechos de plantación de viñedo o la exclusión de los toros de lidia de las ayudas que propuso la Eurocámara el pasado otoño. Pero en el fondo, organizaciones agrarias y cooperativas coinciden en que Bruselas promueve una transición "radical" hacia un modelo más "verde" con requisitos que ven imposibles. Alegan que es incoherente, porque no se piden las mismas exigencias a los productos importados y se remiten a la pandemia, que probó la importancia de un sector agrícola rentable y de una cadena de suministro firme. La "mochila" de la PAC frente a la despoblación El Consejo Económico y Social Europeo -órgano consultivo que representa a la sociedad civil- ha concluido, en un informe, que la PAC no es suficiente para combatir la despoblación, si bien uno de sus pilares es el del desarrollo rural. Portavoces de las organizaciones agrarias admiten ese problema pero señalan que la PAC no debe cargarse con "más mochilas", sino que debe servir para garantizar que los agricultores puedan seguir en su actividad y obtener remuneraciones dignas.