La Junta de Extremadura pide al Gobierno de Pedro Sánchez que implante un tipo reducido en el impuesto de sociedades para las empresas que se instalen en zonas de la región en riesgo de despoblación.
La revisión integral del modelo tributario que afecta al impuesto de sociedades es una de las peticiones incluidas en el documento de 88 medidas que fue entregado por la presidenta extremeña, María Guardiola, al presidente del Gobierno central en la reunión que mantuvieron en Madrid el pasado viernes.
La Junta señala que, con el objetivo de estimular la implantación de empresas en la región, se propone reducir los costes a través de tipos reducidos de hasta un 4% «para aquellas que se instalen en zonas despobladas o en riesgo de despoblación».
El impuesto de sociedades es el principal tributo que abonan las empresas, que deben pagar un porcentaje de la renta obtenida. En el año 2023, la agencia tributaria recaudó en la región 323,2 millones de euros brutos por este concepto, aunque con las devoluciones el importe neto se redujo a 282,5 millones.
El tipo general de este impuesto está situado en el 25%, pero hay un amplio abanico de situaciones que reducen o elevan esa carga. En Canarias se aplica un gravamen reducido del 4%, que es el mismo que ahora plantea el Gobierno de María Guardiola para Extremadura, aunque por extensión también se podría aplicar en otras zonas del país que sufran o estén expuestas a los efectos de la despoblación.
Además de este asunto, el documento entregado a Pedro Sánchez también sugiere la revisión integral del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), el principal tributo que abonan todos los ciudadanos, ya sea a través de las retenciones mensuales o en la declaración anual.
La Junta considera de justicia reducir la tarifa a un 8% hasta 12.450 euros de base (ahora está en el 9,50%) y un 10% hasta 20.200 euros (en vez del 12% actual). Como este impuesto se paga por tramos, esto beneficiaría a todos los contribuyentes.
Con ello los tipos se equipararían a los que, desde la reforma que se llevó a cabo en septiembre del pasado año, aplica la región para el tramo autonómico de este impuesto, que afecta al 50% de la tributación. La otra mitad está regulada por la escala estatal, que es la que el Gobierno extremeño pide reducir, lo que tendría efectos en todo el país.
Junto a esto, el Ejecutivo autonómico considera que debería incrementarse el mínimo personal y familiar, tanto para el contribuyente (de carácter general) como para ascendientes, descendientes y personas con discapacidad (para casos concretos). Se trata de la cantidad que está exenta de pago del impuesto y que se adapta a las circunstancias personales de cada declarante.
Actualmente el mínimo del contribuyente es de 5.550 euros. Guardiola propone elevarlo a 12.000 euros «para excepcionar de tributación necesidades básicas personales y familiares». Esto supondría en la práctica suprimir el impuesto para un gran número de extremeños. Una medida que a su juicio debería asumir la Administración estatal, ya que las comunidades autónomas tienen competencias para elevar el alcance del mínimo personal y familiar y sin embargo Extremadura no se acoge a esa opción.
La Junta también pide revisar las deducciones existentes en el IRPF e introducir otras vinculadas a la residencia fiscal en zonas despobladas. Asimismo, propone bonificaciones ligadas a la escasa densidad de población.
Ayuntamientos y cooperativas
El Gobierno regional también reclama la reforma de la ley de haciendas locales para asegurar la autonomía y suficiencia financiera de los municipios mediante «una revisión integral de todas las figuras impositivas, tasas y contribuciones especiales».
Respecto a una de las principales figuras de la financiación local, el impuesto de bienes inmuebles (IBI), estima que «debe revisarse la configuración de su base imponible para que se aproxime al valor de mercado de los inmuebles». Actualmente suele rondar el 50% del valor.
«Esto permitiría adaptarla a la realidad económica y social, y al mismo tiempo, que dichas bases no presenten variaciones abruptas de difícil asimilación por el contribuyente, oscilaciones debidas a los largos de periodos de tiempo entre una ponencia de valores y la siguiente», añade.
Asimismo, sugiere incorporar la progresividad en el IBI, «lo que introduciría mayor equidad». Para ello, propone fijar diferentes tipos impositivos en función del conjunto de propiedades inmobiliarias, considerando su valor de forma individual o conjuntamente. Por otro lado, y con el objeto de facilitar el acceso a la vivienda, plantea desagregar la vivienda habitual del resto de bienes inmuebles.
«Junto a la vivienda, la tenencia de un vehículo en territorios como el extremeño se convierten en un bien de primera necesidad, por lo que reclamamos un tratamiento específico para los municipios despoblados o en riesgo de despoblación», añade.
La Junta de Extremadura subraya que cualquier medida tributaria debe ir precedida de una compensación por parte de la hacienda estatal por la pérdida de ingresos municipales. Según indica, así se hace en la región a través de los programas de colaboración económico-municipal y herramientas de financiación incondicionada como el Fondo de Cooperación Municipal.
Por último, el documento entregado a Pedro Sánchez propone revisar la fiscalidad asociada a las entidades de economía social. A su juicio, la ley sobre régimen fiscal de las cooperativas está obsoleta. Para mejorarla, pide actualizar la ley de modernización de explotaciones agrarias.
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