Córdoba, 6 jun (EFE).- La gestión de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) y los recursos hídricos son dos de los pilares claves para el futuro del sector agroalimentario andaluz (agricultura, ganadería y pesca), que supone el 8 por ciento del PIB y el 10 por ciento del empleo de la región. Actualmente, Andalucía cuenta con el 20 por ciento de toda la superficie agraria útil de España y genera exportaciones por valor de más de 12.000 millones de euros, y mantiene una gran diversidad con casi toda la cabaña ganadera y casi todos los tipos y formas de cultivo, ya sea secano, mediterráneos, tropicales, continentales, producción integrada, ecológica. Especial interés cobran los cultivos de regadío que, con solo el 25 por ciento de la superficie agraria útil en Andalucía, más de 1,1 millones de hectáreas, representa un 67 por ciento de la renta agraria y genera el 63 por ciento del empleo agrario, de ahí la importancia de apostar por una correcta y adecuada gestión del agua debido a la época de sequía que sufre la región. Ante esta situación, el sector reclama al nuevo gobierno andaluz que salga de las urnas tras las elecciones del próximo 19 de junio una serie de demandas históricas urgentes para el mantenimiento del sector y que pasan por la adecuada gestión y aplicación de los fondos de la PAC. Dicha PAC debe mantener el presupuesto generado por los agricultores y ganaderos andaluces y evitar medidas que penalizan las productividad y competitividad de las explotaciones, además de replantear las estrategias del Pacto Verde Europeo a la nueva situación creada tras la pandemia, las tensiones en los mercados alimentarios mundiales y la invasión de Ucrania. Asimismo, el sector aboga por impulsar la agricultura y ganadería familiar, un plan de inspección que asegure el estricto cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, o una regulación de los mercados que debe ser llevada a cabo desde todos los estamentos públicos, desde Europa, pasando por el Ministerio de Agricultura y la Junta de Andalucía. Por otro lado, también demandan la aprobación de la Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, consensuada en la anterior legislatura y mantener una Política Agraria Comunitaria fuerte y con un presupuesto suficiente para atender a los desafíos del sector en la próxima década. Respecto a la Planificación Hidrológica, el sector reclama la mejora de las infraestructuras existentes, la construcción de nuevos embalses, mejorar la eficiencia de los sistemas de transporte, distribución y aplicación de riego o fomentar los "bancos públicos del agua" para reasignar el agua con criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad. Las principales formaciones que concurren a la cita electoral asumen las demandas del sector en sus programas electorales y coinciden en señalar la importancia de la agricultura, ganadería y pesca andaluzas como motor de la economía andaluza y la PAC como pilar esencial en las políticas de la administración regional en los próximos cuatro años. En este sentido, en su programa de gobierno el PP aboga por revisar el Plan Estratégico para mejorar la competitividad del sector y una PAC "sin recortes" que contemple todas las alegaciones formuladas por Andalucía, además de garantizar la soberanía alimentaria y un control exhaustivo de los contingentes y de los fitosanitarios de los productos de países no comunitarios. Ciudadanos apuesta por fomentar el relevo generacional, la flexibilización de la tarifa eléctrica para el sector agrícola, reforzar la profesionalización de los agricultores, la revisión del pago redistributivo que contempla la actual propuesta del Plan Estratégico Nacional para el olivar en la PAC o la creación de un Centro Andaluz de Referencia para la Calidad de los Productos Alimentarios. Igualmente, el PSOE apuesta por un nuevo proceso de modernización en el sector primario y en el mundo rural, con políticas dirigidas a afrontar retos como la amenaza del cambio climático, garantizar mejores condiciones de vida y laborales para la población rural, la conservación de la naturaleza, combatir la creciente competencia internacional y los bajos precios percibidos en origen o implementar los procesos de transformación verde y digital. Vox considera urgente acabar con la entrada ilegal de productos de terceros países en condiciones de desigualdad con los productores andaluces, reforzar el control sobre el etiquetado para prevenir el fraude, bajar los impuestos que pesan sobre el campo, reducir la burocracia y aplicar bonificaciones en los carburantes y en las cotizaciones a la Seguridad Social. Para Por Andalucía es indispensable aprobar la Ley de Agricultura, Ganadería y Soberanía Alimentaria que debe, entre otras cuestiones, delimitar los márgenes comerciales a lo largo de la cadena agroalimentaria, regular el acceso a la tierra y su función social o establecer medidas de fomento para la reutilización de subproductos agrarios. Finalmente, Andalucía Adelante considera de total actualidad la reivindicación histórica de una reforma agraria que permita una distribución de la riqueza en el campo más justa e igualitaria y que sirva como base para la construcción de la soberanía alimentaria basada en la producción agro-ecológica, en los canales cortos de comercialización y la economía social cooperativa. EFE lor/ja