Las protestas de agricultores llevan días sucediéndose en toda España. Entre sus reivindicaciones, el campo reclama precios justos y garantizar el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, que prohíbe que los agricultores vendan sus productos a pérdidas . El ministro de Agricultura, Luis Planas, insiste en que la norma "funciona" , aunque ha reconocido la necesidad de reforzar su aplicación . Sin embargo, el centro de estudios Fedea considera que el cumplimiento de la norma en la práctica es "casi imposible" y apunta a que la "única forma" de impedir la venta a pérdidas es fijar precios mínimos, lo que requeriría que el Estado fuera quien comprara el excedente de producto. Según las Notas sobre la reforma de la ley de la cadena alimentaria publicadas este lunes por Fedea y firmadas por el investigador Ángel de la Fuente, es "muy improbable" que la prohibición de vender a pérdidas se cumpla. La ley de la cadena alimentaria, reformada en 2021, impidió esta práctica para proteger a los pequeños productores de los posibles abusos de las grandes empresas agroalimentarias y de distribución. En concreto, la norma establece que los precios pagados a los agricultores deben cubrir como mínimo los costes de producción, una protección contra las pérdidas que se replica en todos los eslabones de la cadena alimentaria. "Busca instaurar un nuevo derecho para los operadores del sector [agrario], el de recuperar sus costes o vender su producción sin pérdidas", resume el texto publicado este lunes. De la Fuente considera que esta "peculiar" fórmula para evitar la destrucción de valor desde que el producto sale de la tierra hasta que llega al consumidor final es "muy problemática" y critica que suponga una interferencia en el funcionamiento natural del mercado. "Es la situación normal a la que tiende casi todo sector productivo a medio o largo plazo, pues aquellos operadores que no puedan cubrir sus costes de forma recurrente acabarán teniendo que cerrar . Sin embargo, tratar de imponer que esta condición se cumpla siempre y en cada transacción interferiría gravemente con la lógica del mercado, anulando su mecanismo natural de selección", valora. En ese sentido, el documento publicado este lunes por Fedea califica la prohibición de vender a pérdidas como "un piadoso deseo de casi imposible cumplimiento en ausencia de medidas adicionales". "Estamos ante un intento poco pensado de ponerle puertas al campo", lamenta el texto, que duda de que sea "factible" poner en práctica la cobertura de los costes prevista en la ley de la cadena alimentaria. "El derecho a vender sin pérdidas sólo existirá efectivamente si alguien tiene la obligación de comprar esa producción a un precio suficiente, pero tratar de imponer tal obligación a agentes privados sería seguramente contrario a derecho en la Unión Europea", argumenta De la Fuente. El investigador sostiene que la "única forma posible" de garantizar que los precios pagados a los agricultores cubren los costes de producción es establecer precios mínimos, lo cual solo podría sostener si el Estado está dispuesto a comprar los excedentes que no asuma el mercado. "La única forma posible, aunque no necesariamente deseable, de avanzar en la dirección que pretende la reforma de la ley de la cadena es que el sector público asuma el papel de comprador de último recursos para garantizar el derecho de los productores alimentarios a vender a un precio determinado", apunta el documento publicado por Fedea. No obstante, pese a señalarlo como única solución posible para cumplir con la prohibición de vender a pérdidas, De la Fuente se muestra contrario a la fijación de dichos suelos de precios y afirma que esto no solo sería contrario a la orientación que la Política Agrícola Común (PAC) ha adquirido en los últimos años, sino que además tendría "consecuencias negativas a medio y largo plazo" para el sector agrario. "Fijar precios mínimos generosos para proteger la producción doméstica podría tener sentido en la medida en que nos permita ganar seguridad y autonomía en un mundo cada vez más complicado y peligroso; pero subir los precios garantizados también incrementa los costes que recaen sobre otros colectivos, entre ellos en los consumidores", explica. Dada esta complejidad asociada a la prohibición de las ventas a pérdidas, el investigador apunta a que "no es sorprendente" que la ley de la cadena alimentaria se incumpla "con frecuencia", tal y como denuncian los agricultores en sus protestas. "No parece que este aspecto de la reciente reforma de la ley haya abierto una vía novedosa o prometedora para mitigar los problemas del sector", concluye, al mismo tiempo que avisa de que "reforzar los controles o aumentar las sanciones, como ahora piden ciertas organizaciones agrarias y el Gobierno parece haber aceptado, no cambiaría la situación".