Menú Análisis Excepcionalidad agraria en la reforma laboral La reforma laboral que el Gobierno ha puesto sobre la mesa ha dejado seriamente preocupado al sector agrario, ya que introduce cambios sustanciales que afectan a la contratación en el campo. En primer lugar es importante destacar la singularidad de este sector, en el que la temporalidad de los contratos no está relacionada con su precariedad, tal como así afirman los sindicatos, sino con los ciclos biológicos de la naturaleza, que marcan los momentos y duraciones de las cosechas, y otras labores del campo. De hecho nos encontramos ahora con un ejemplo claro, en plena campaña de aceituna y, hasta hace poco, de vendimia. Plantear el terminar con la temporalidad en este sector demuestra un escaso conocimiento de su realidad o, lo que es incluso peor, un intento de sacar rédito haciendo uso de mensajes políticamente correctos y con alto nivel aceptación, a costa de la calidad laboral de los trabajadores, que al fin y al cabo es el objetivo de los sindicatos. En este sentido, uno de los aspectos más dañinos es la reducción de la duración de los contratos temporales, pasando a fijos discontinuos los que superen el nuevo máximo establecido de 90 días, cuando en la actualidad son 120. El problema es que a día de hoy el fijo discontinuo solo es viable en campañas de muy larga duración. Con la nueva regulación solo podrían ser temporales los contratos que se articulen para campañas muy cortas. Por tanto, quedaría un segmento no menor, que debería renunciar a la temporalidad para transformarse en fijos discontinuos, lo que incrementaría sus costes. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha valorado positivamente este acuerdo entre gobierno, patronal y sindicatos y, no le queda otra, asume que también es de aplicación al sector agrario. Sin embargo, si no se consigue modificar, entre otras consecuencias se incrementarán los despidos debido al aumento de los costes laborales de la explotaciones, que a su vez ya se encuentran sometidas a una enorme tensión como consecuencia del repunte acelerado y continuado de los costes básicos de producción, y que no van acompañados de subidas proporcionales de los precios en origen. Pero no solo eso, también es previsible que determinados agentes intermediarios en la cadena laboral aprovechen esta oportunidad para gestionar el cambio y absorban esta supuesta mejora económica para los trabajadores, por lo que en la práctica no repercuta en las condiciones económicas del trabajador. Hay que recordar que la contratación de trabajadores temporales se acoge a los convenios pactados y que son de aplicación en la actualidad. Por otro lado, el cambio de las condiciones de juego en los contratos de campaña también puede generar una modificación de las decisiones de cultivo, lo que a su vez impactará en el mercado. En definitiva, ¿para qué cambiar de forma sustancial lo que funciona bien y que tanto esfuerzo ha costado conseguir? Por ello, los cambios que se produzcan en el actual proceso de tramitación parlamentaria son claves para poder aprobar una excepcionalidad que devuelva la tranquilidad a este sector. La cuestión es que la excepcionalidad del sector agrario en el ámbito laboral es bien conocida. Si bien es cierto que no entrar en este vericueto ha facilitado el acuerdo general, tan políticamente necesario para el Gobierno y el resto de agentes, no lo es menos que no incorporarla desde el comienzo de las negociaciones ha implicado generar una innecesaria y nueva preocupación en el campo. Ahora hay que esperar a ver el resultado de las negociaciones, para en último término conseguir frenar una nueva pérdida de rentabilidad en un sector con muy pocos márgenes. Las perspectivas no son malas, porque el planteamiento del sector es bastante razonable, pero habrá que esperar. Tendencias Coronavirus Carnaval de Badajoz Las caras del deporte Crónica negra Sucesos HOY Agro En Salsa Antropía