El plan de la Unión Europea (UE) para la nueva Política Agraria Común (PAC) no convence en el campo. La reforma del principal instrumento de la UE para apoyar al sector primario durante el período 2028-2034 difiere de las demandas que llegan desde los cultivos, donde condenan la estrategia por atentar contra la especificidad que siempre ha caracterizado esta partida. La gran novedad que provoca el rechazo de los agricultores y ganaderos europeos es la reformulación de la PAC, que deja de ser una asignación propia para incluirse en un fondo único para cada Estado miembro. Esta variación, que se ha topado con la negativa de los agrarios desde la presentación de la primera propuesta del Marco Financiero Plurianual (MFP), da más poder a cada país para administrar el presupuesto, lo que a efectos prácticos significa que, por ejemplo, el dinero que requise el Gobierno para políticas del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible no irá a la PAC, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El temor del campo es que, según las prioridades de cada país, la nueva PAC genere competencia desleal entre Estados miembros, lo que se sumaría a la que ya denuncian desde terceros países. El Tribunal de Cuentas europeo , que se identifica a sí mismo como «El guardián financiero de la UE», advierte en un informe sobre las observaciones de los auditores sobre el futuro presupuesto de la UE que «en amplias secciones del presupuesto, las prioridades de gasto estarán en manos de Estados miembros con intereses divergentes». La auditoría concluye que estas divergencias significativas entre los planes de los Estados miembros «podrían menoscabar la adaptación del gasto en agricultura a las prioridades de la UE, falsear la competencia y crear unas condiciones de competencia desiguales para los agricultores». Esta sentencia del Tribunal de Cuentas sigue la línea de protesta marcada por los agrarios , que sostienen que la cantidad total que cada Estado destinara a los productores oscilará en función del peso que cada país de a su sector primario, lo que tanto a juicio de los afectados como del ente auditor rompe por completo con la columna vertebral de la PAC y elimina el concepto comunitario. Además, se señala que una mayor flexibilidad para el reparto «no debería implicar un incremento del gasto si no existen garantías de que los resultados vayan a ser mejores». Un informe realizado en el mismo sentido publicado por el Tribunal de Cuentas el pasado febrero incide en que la nueva PAC podría crear imprevisibilidad en la fase de planificación de los agrarios, ya que desconocerán el importe de la financiación que les podría corresponder. En dicho análisis, el Tribunal de Cuentas destacó además el peligro de que una mayor flexibilidad otorgada a los países de la UE comprometa los objetivos comunes de la PAC (ingresos justos para los agricultores, cuidado del medio ambiente y acción por el clima, y seguridad alimentaria), que podría generar condiciones de competencia desleal para los agricultores e influir negativamente en la competencia leal y en el funcionamiento del mercado interior. Esta misma semana, el Parlamento Europeo ha aprobado su posición defendiendo un presupuesto equivalente al 1,27 % de la renta nacional bruta de la UE, lo que representa un incremento aproximado del 10 % respecto a la propuesta inicial de la Comisión. Los agricultores españoles recalcan que corresponde ahora a los Estados miembros, en el seno del Consejo de la UE, definir una posición ambiciosa y coherente con los objetivos fijados, especialmente en lo relativo a la financiación de la PAC. comentarios