6:00 - 2/03/2020
El campo ha recuperado unos 600 empleos directos, que se traducen en 2.000 indirectos, como resultado de la reactivación de 25 plantas de tratamiento de purines -deyecciones de cerdo muy contaminantes- paralizadas en 2014, con la reforma eléctrica. Gracias a una sentencia del Tribunal Supremo, estas centrales de cogeneración vuelven a cobrar unas ayudas indispensables para que operen.
Llegaron a superar la treintena las plantas de tratamiento de purines, dedicadas a secarlos, convertirlos en fertilizante y prevenir su impacto ambiental sobre suelos y acuíferos. Procesaban anualmente unos 2,5 millones de metros cúbicos de residuos en regiones con gran concentración de granjas -en algunas zonas el agua no era potable por el exceso de nitratos-, evitaban la emisión de 700.000 toneladas de CO2 y percibían más de 300 millones de euros en primas por su producción eléctrica, hasta que el Gobierno decidió recortarlas un 40% , abocándolas al cierre.
En aquel momento, los ganaderos temían una debacle, porque los costes de tratamiento de los purines se triplicaron, desde los 2 euros por tonelada hasta los 5 ó 6 euros, al tener que transportarlos largas distancias para verterlos sin riesgos en los campos de cultivo. Se llegó a cuantificar en 4.000 los empleos que se iban a destruir y, para reducir el problema, el Ministerio de Agricultura llegó a repartir entre los más afectados 10 millones en compensaciones. Sin embargo, como comenta la patronal, Anprogapor, al poco China empezó a demandar productos porcinos, los precios subieron y el sector capeó el temporal.
Travesía en el desierto Para los propietarios de las centrales, en cambio, se inició una larga travesía por el desierto. Con las instalaciones cerradas y deteriorándose -sólo alguna ha operado intermitentemente-, decidieron recurrir al Tribunal Supremo, igual que otros miles de perjudicados por la reforma eléctrica. Sin embargo, a diferencia de todos los demás, la Justicia le dio la razón a su patronal, Adap, en junio de 2016, con la única sentencia nacional contraria a la reforma eléctrica , al entender que las ayudas que cobraban se justifican porque evitan un grave problema ambiental.
Cobrarán unos 180 millones al año cuando todas estén operando a pleno rendimiento
Los jueces otorgaron un plazo de cuatro meses al Gobierno para que aprobara una nueva retribución , que fuera suficiente para que las centrales volvieran a arrancar, pero han tenido que esperar más de tres años para conseguirlo, por los inevitables retrasos y porque el Ejecutivo, en una primera propuesta, intentó recortar la vida útil de las instalaciones desde los 25 hasta los 15 años, negando con ello los ingresos a las plantas más antiguas.
Como comenta Adap, aún quedan asuntos pendientes en los tribunales, relativos a las retribuciones de estos años pasados, pero las plantas están otra vez activas, aunque varias todavía no funcionan a pleno rendimiento. Hay 26 instalaciones, de Ignis (6), Iberdrola (4), Naturgy (2), Cs Energy (2) y otras empresas, incluida alguna cooperativa ganadera. Por el camino se han desmantelado cinco centrales -cuatro de EDP-, y otras dos siguen adecuándose para reabrir; en algunos casos, la inversión para hacerlo ha superado el medio millón de euros, al tener que cambiar motores y otros elementos clave.
La reactivación y la recuperación de las relaciones comerciales entre los ganaderos y las plantas tiene reflejo en su retribución: de acuerdo con los cálculos del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), las centrales han cobrado 137 millones en 2019, percibirán 166 millones este 2020, y 175 y 184 millones en 2021 y en 2022, respectivamente.
Alragamiento de la vida útil Con vistas al futuro, Adap quiere abordar el alargamiento de la vida útil de las instalaciones, porque algunas la cumplen en ocho años y, además de no haber cobrado en un quinquenio, las inversiones para que vuelvan a funcionar las han dejado como nuevas.
Anprogapor, por su parte, da la bienvenida a la reapertura de las centrales, tanto por el empleo de calidad que están creando, como por los menores costes a la hora de tratar los purines, pero no cree que sean necesarias. A su juicio, los ganaderos han demostrado que pueden evitar el impacto ambiental por sí mismos y a un coste menor.