SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 (EUROPA PRESS)
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El sector gallego avisa de que el retraso en la futura PAC perjudicará a las granjas "más vulnerables", al tiempo que pide rebajar de 100.000 a 60.000 euros el límite de ayudas a recibir en pagos directos para favorecer a pequeñas y medianas explotaciones.
En declaraciones a Europa Press, el responsable de Ganadería de UU.AA., Javier Iglesias, lamenta que el acuerdo de este martes de la comisión de Agricultura del Parlamento Europeo por el que se ha pedido retrasar a 2022 el comienzo de los nuevos planes estratégicos nacionales significará, "conociendo el funcionamiento de la UE, que no será hasta 2023 o 2024" la puesta en marcha de la futura PAC.
Aquí explica que "lo que preocupa es el segundo pilar" de ayudas, "del cual dependen las explotaciones con más dificultades" como las relativas a zonas de montaña, agroambientales e inversiones para mejora de granjas. Y es que mientras el presupuesto del primer pilar se prorroga, "no se dispondrán de las ayudas relativas al segunda pilar, como se vio en el pasado".
Por ello, van a "dar batalla" ante el Estado y la Xunta para "buscar medidas que permitan una transición de esos dos o tres años de prórroga", de forma que esas subvenciones del segundo pilar "no queden cercenadas" en ese periodo.
TOPE INSUFICIENTE
Además, sostiene que "es claramente insuficiente" el techo de ayudas de 100.000 euros, mientras recuerda que los comunidades de la cornisa cantábrica hicieron una propuesta para que el límite sea de 60.000 euros. Valora que, "al menos", la comisión de Agricultura "proponga un techo aunque no sea suficiente".
Con todo, apunta que en esos 100.000 euros son "deducibles salarios y gastos sociales hasta un 50%, por lo que va a depender de otras cuestiones" y "se abre una vía a que el Estado que destine más de un 20% a pago distributivo incluso pueda modificar el techo".
Sin embargo, Javier Iglesias opina que este acuerdo de la comisión de Agricultura de cara al borrador de la nueva PAC "no es de excesiva trascendencia", ya que está por ver cómo será la composición del futuro hemiciclo .
"Es un momento de absoluta indefinición", afirma, dado que se está "a expensas" de lo que pueda ocurrir en las elecciones europeas, pues "de lo que salga" del Parlamento europeo dependerá el presupuesto futuro en un contexto en el que aumentan los partidos "euroescépticos".
CRÍTICAS DEL BNG
En esta línea, la eurodiputada del BNG Ana Miranda, que ha participado este martes en la votación del informe de la PAC como parte de la delegación del Grupo Verdes, deja claro que el Bloque "no puede dar su apoyo a un documento que olvida a los agricultores gallegos y solo atiende a los grandes terratenientes".
Por ello, el Bloque defenderá que la PAC limite las ayudas a los 60.000 euros, en contraposición a los diputados del PP, que "no tienen interés en defender a los pequeños productores". "No vamos a avalar que el 20% de los beneficiarios de la PAC acumule el 89% de las ayudas porque eso ni crea empleo ni asienta el territorio".
Sobre este documento, que se aprobará definitivamente en la próxima legislatura -tras la celebración de trílogos entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo-, Miranda censura que el informe "solo sirve para perpetuar un modelo agrícola insostenible, que hace desaparecer explotaciones agrícolas" en Galicia y que "no atiende a sus necesidades".
La eurodiputada del Bloque incide en que el modelo aprobado este martes provoca el avance el impacto del cambio climático, al tiempo que no beneficia a pequeños y medianos productores, ya que se destina "a las grandes producciones y a quien tiene la tierra sin trabajarla". De este modo, "perpetúa las desigualdades" y "perjudica enormemente a la agricultura gallega".
LÍDIA SENRA
Asimismo, la eurodiputada del grupo de Izquierda Unitaria Europea Lídia Senra ha recriminado que la nueva PAC supone una "continuidad de las políticas agroindustriales", por lo que ha votado en contra de la propuesta de reglamento aprobada por la comisión de Agricultura.
Reprocha que se "sigue pagando a quien tiene tierras y no a quien las trabaja", "como tantas veces se ha denunciado con la Casa de Alba y otros grandes terratenientes en el Estado español".
En un comunicado, ha mostrado su disconformidad con que se fije en 100.000 euros la cuantía máxima que se puede percibir en pagos directos en detrimento de las pequeñas explotaciones, mientras pide que se tomen medidas en favor de las granjas de montaña y del relevo generacional, entre otras.