Sus exportaciones tendrían más trabas en caso de independencia. Los agricultores y ganaderos de Cataluña recibieron durante el ejercicio presupuestario 2016 un total de 316,9 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Garantía Agrícola (FEAGA), lo que traducido a pesetas supone unos 52.000 millones. Esa es la cifra que corresponde a las ayudas directas (pago de base y complementarios), así como a otra serie de apoyos, entre los que figuran los destinados a la reconversión del viñedo.
A esa cantidad de dinero habría que sumar la financiación del actual programa de desarrollo rural, vigente entre 2014 y 2020, que en el caso de esta comunidad autónoma asciende a 350 millones de euros en total, lo que suponen otros 50 millones de euros anuales. La media de cada ejercicio ascendería en total a 367 millones de euros. De acuerdo con la normativa vigente ahora, esos fondos no llegarían al bolsillo de los agricultores y ganaderos catalanes, así como a su industria agroalimentaria, en caso de que se registrase una hipotética independencia de esta Comunidad, que supondría también su salida de la UE. Ésta sería una de las consecuencias para el conjunto del sector agroalimentario catalán, pero no la única. En caso de lograr la independencia, y de que fuese reconocida internacionalmente, pasaría a ser, de entrada, lo que en la terminología comunitaria se denomina un país tercero y sus exportaciones al mercado comunitario estarían sometidas al arancel o tarifa exterior común, lo que las haría menos competitivas.
Además, y por lo menos en los primeros momentos, Cataluña, al no disponer de un tratado preferencial con la UE, tendría un peor trato que países como Marruecos, Chile o Canadá, que sí cuentan en la actualidad con un convenio de este tipo, que sirve para facilitar el comercio de productos entre la UE y cada uno de ellos. Otra de las consecuencias de una independencia de Cataluña, y de su salida del club comunitario, para sus exportaciones agroalimentarias dirigidas a otros países diferentes a la UE, como China o Japón, sería la necesidad de negociar acuerdos de equivalencia sanitaria y veterinaria, para que estos últimos reconociesen que las mercancías, como los cárnicos o el vino producidos en Cataluña cumplen los requisitos exigidos en cada uno de ellos. Por fácil que resultasen las cosas, esas negociaciones se prolongarían años, durante los que los envíos catalanes podrían verse interrumpidos o dificultados.