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Entre otras cosas, el proyecto de ley de la cadena alimentaria incluye la prohibición de la "venta a pérdidas", pero también ha introducido varios cambios antes de devolver el texto al Congreso para su aprobación oficial definitiva, que ya será un mero trámite.
El texto que se envío desde el Congreso recibió un total de 210 enmiendas en la Cámara alta y, de las votadas en el pleno por separado, sólo dos han sido aceptadas. Una del Grupo Popular, que recoge las condiciones de los pactos entre proveedores y compradores sobre actividades promocionales, y otra del grupo Compromís sobre el plazo de seis meses para la entrada en vigor de determinadas obligaciones que tienen que cumplir las cooperativas y otras asociaciones.
La pasada semana, la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado, los distintos grupos habían incorporado ya en el informe de la ponencia otras enmiendas, muchas de ellas destinadas a mejorar aspectos técnicos del texto, que finalmente han sido aprobadas en bloque en el pleno por 125 síes, 18 noes y 13 abstenciones. ( ver texto abajo).
El portavoz socialista de Agricultura en el Senado, Amaro Huelva , destacó el «diálogo constante y fluido» que han mantenido con el sector y los grupos parlamentarios con vistas a crear una «nueva cultura de generación de precios» que ayude a crear empleos dignos en la cadena alimentaria y evitar la destrucción de valor en todos los eslabones.
Asimismo, la portavoz socialista en el Senado, Eva Granados , subrayó que «esta Ley es un gran paso para contar con una cadena de valor agroalimentaria más equitativa, ya que contiene medidas para garantizar precios más justos para agricultores y ganaderos, que por lo general son el eslabón más débil de la cadena alimentaria».
«Con esta ley avanzamos en la eliminación de prácticas desleales que generan situaciones de desequilibrio entre los operadores; generalizamos los contratos por escrito, que deben reflejar el coste de producción; y actualizamos las infracciones y sanciones. En definitiva, este es un ejemplo más de que los socialistas trabajamos por la equidad, por la recuperación justa», explicó la portavoz socialista.
Desde el lado de la oposición parlamentaria, el portavoz del PP, Jorge Martínez Antolín , se mostró en contra de la «inseguridad jurídica» que genera la ley por la falta de un instrumento legal para calcular los costes de producción, mientras que el senador de Vox , Jacobo González-Robatto , lamentó que las explotaciones agrarias sigan perdiendo competitividad.
La tramitación de la iniciativa legislativa, que adapta la normativa a la directiva europea relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas del sector agroalimentario, fue criticada también por varios grupos nacionalistas, después de que se hubiesen acortado los plazos de tramitación en el Senado, en comparación con un año de trámites en el Congreso de los Diputados.
Así, los portavoces de ERC, PNV y Junts per Catalunya tacharon de «insuficiente» una norma que busca garantizar los precios por encima de los costes de producción en toda la cadena alimentaria.
Otros partidos, como el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Ciudadanos (Cs) o la Unión del Pueblo Navarro (UPN) rechazaron también que las medidas urgentes introducidas por el Gobierno el año pasado y que modificaban la ley de la cadena «no estén funcionando», ni protegiendo a los agricultores.
Archivo adjunto Informe de la ponencia: BOCG_D_14_256_2460
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