El Parlament aprobó ayer la ley de protección de la agricultura profesional directa. La norma, que salió adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo Vox, que se abstuvo, busca potenciar las explotaciones gestionadas directamente por agricultores profesionales que no superen la dimensión de pequeña empresa, con menos de 50 trabajadores y hasta 10 millones de volumen de negocio anual. El texto define los requisitos para que estas explotaciones tengan esta consideración, tanto si son de titularidad de personas físicas como de personas jurídicas, y establece que sean destinatarias prioritarias de las políticas y programas públicos y cuenten con un tratamiento fiscal "favorable". Entre otras medidas, la iniciativa prevé que las administraciones tengan un trato preferente hacia estas explotaciones en la adjudicación de superficie agraria pública, en los seguros agrarios subvencionados, en la formación y en las ayudas para mejorar las estructuras de protección o incorporar jóvenes al sector. También establece esta prioridad en relación con las políticas de fomento de la innovación, la digitalización y la diversificación de actividades y de adaptación al cambio climático y, además, la proposición da preferencia a las explotaciones en las que la mayoría de la participación y gestión o dirección correspondan a jóvenes o mujeres, con una prioridad específica para las mujeres jóvenes. Unió de Pagesos celebró la aprobación de la norma, impulsada por ellos, y afirmó que permitirá que las 2.400 explotaciones que habían perdido la condición de prioritarias en la última década recuperen la preferencia en las políticas públicas y puedan acceder a beneficios fiscales. Este bajón se explica, en parte, señaló el sindicato, por el aumento de un 36,6% de la renta de referencia desde 2020, el indicador que se utiliza para determinar los requisitos económicos para esta calificación. Por otro lado, la Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial presentó en el Parlament el Pacte per la Sobirania Alimentària, que busca pagar precios dignos a agricultores, establecer precios asequibles para consumidores y cuidar de la biodiversidad.