Un total de 4.986 agricultores o ganaderos incumplieron las normas de condicionalidad en 2022, de obligado cumplimiento para cobrar las subvenciones de la Política Común (PAC), según el informe publicado este martes por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
La vulneración de estas normas motivaron la retirada de algo más de 2,6 millones de euros de ayudas europeas, lo que supuso una penalización de sólo el 0,05 % del importe global de subvenciones totales que podrían recibir, de más de 5.400 millones.
Las irregularidades afectaron al 0,86 % de los beneficiarios de subvenciones agrícolas de la PAC en España, un colectivo que alcanza 575.572 personas, y la mayoría de los incumplimientos los detectó la Administración en los controles realizados «sobre el terreno».
Unas 2.569 irregularidades se descubrieron en estas visitas de campo sobre los 9.589 beneficiarios que fueron inspeccionados, lo que supuso detectar incumplimientos en el 26,79 % de los solicitantes sometidos a control, pero sólo el 0,45 % si se comparan con el total de perceptores. Además, 1.151 incumplimientos fueron detectados en control de admisibilidad y 1.265 en «otros controles».
Los principales incumplimientos de las normas de condicionalidad en 2022 se detectaron en Andalucía (638), Castilla y León (622) y Galicia (622).
La Comunidad de Madrid (52), Canarias (66) y Navarra (70) fueron las regiones donde menos incumplimientos se detectaron.
EN CASO DE QUE EL INCUMPLIMIENTO SE DEBA A NEGLIGENCIA DEL PRODUCTOR, SE APLICARÁ UNA REDUCCIÓN DEL 1% AL 5% DEL IMPORTE TOTAL DE LAS AYUDAS.
La condicionalidad, que es aplicable en España desde el año 2005, está constituida por una serie de condiciones para el pago de determinadas ayudas a los agricultores, ligadas a la aplicación de sistemas de producción que garantizan la salubridad de los productos obtenidos y su adecuación a las exigencias de conservación y mejora del territorio sobre el que se asientan las explotaciones. Por lo que concierne al periodo 2023-2027 aún no se conoce el estado de su aplicación, si bien ya entró en vigor, con la novedad de la condicionalidad laboral.
Entre estas «condiciones» para acceder a las ayudas, figuran la protección de suelos agrícolas, del agua, los hábitats y el medio ambiente en general, las buenas prácticas agrícolas, la identificación y registro del ganado, la seguridad alimentaria, la notificación de enfermedades animales y el bienestar animal.
La normativa comunitaria detalla que, en caso de que el incumplimiento determinado se deba a negligencia del productor, se aplicará una reducción que, en principio, será del 3 % del importe total de las ayudas.
No obstante, el organismo pagador, basándose en la evaluación presentada por la autoridad de control competente en el informe de control podrá decidir bien reducir ese porcentaje al 1 % o aumentarlo al 5 %.
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