El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha avanzado este miércoles un nuevo Perte Agroalimentario después de que en la primera convocatoria se hayan adjudicado el 36% de los 510 millones de euros previstos. Tras reunirse con la Federación de Alimentación y Bebidas (FIAB), el ministro ha señalado que "queremos que en esta segunda convocatoria se pueda complementar las cantidades que no se ejecutaron en la primera y llegar así a un mayor número de empresas con los temas principales como son la digitalización y sostenibilidad". Y es que la lluvia de millones en forma de ayudas y préstamos que esperaba recibir la industria agroalimentaria del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se había quedado en un pequeño chubasco. Una gran parte de los 510 millones de euros reservados en el Eje 1 del Perte agroalimentario gestionado por el Ministerio de Industria, que eran los que directamente iban a llegar al tejido productivo para impulsar su competitividad, innovación y sostenibilidad medioambiental, no iba a llegar al sector. La resolución definitiva de las ayudas reducía los fondos adjudicados a 183,6 millones de euros (163,5 millones en subvenciones y 20,1 millones en préstamos) de los 510 millones con que estaba dotada la convocatoria (310 en ayudas directas y 200 en préstamos). Es decir, los fondos que iban a llegar suponían solo un 36% del total previsto. En total los beneficiados de la primera convocatoria han sido 13 proyectos tractores que engloban 292 iniciativas de 233 empresas. La convocatoria había recibido 22 solicitudes. De ellas, cuatro desistieron y cinco fueron rechazados. Uno de los actores cualificados en la cadena agroalimentaria, el colectivo de ingenieros agrónomos, dio hace unos días la voz de alarma. "Es una ejecución muy baja de una asignación ya de por sí muy reducida teniendo en cuenta que estamos ante la primera rama manufacturera del sector industrial. Son datos que ratifican que el Perte estaba mal planteado y que me lleva a pensar que quien lo ha diseñado no conoce la realidad de la industria alimentaria en España", asegura Maria Cruz Díaz, presidenta de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos (AINIA). Para Díaz, "se ha aplicado al sector agroalimentario la misma estructura de PERTE que para otros sectores, que es un planteamiento basado en empresas tractoras. Pero el sector agroalimentario está implantado y organizado de una forma totalmente diferente: no tiene Vokswagens, Navantias o Telefónicas, por lo que esta estructura no sirve". Díaz recuerda que hay "casi 30.000 empresas en el sector alimentario, y la práctica totalidad son pymes que están estrechamente vinculadas al sector primario y, por tanto, al territorio: no hay industria tan variada y dispersa como la alimentaria". En su opinión, la exclusión del sector agrario y la comercialización en el PERTE genera dos problemas: por una parte, se pierde la capacidad de mejorar la eficiencia de la producción de alimentos, su calidad y su valor añadido al compartimentar la producción primaria de su necesaria transformación; y por otra, se rompe una vía de mejora de la renta de los agricultores y ganaderos "porque, por ejemplo, una cooperativa sólo puede optar a mejorar su proceso industrial y no su proceso productivo primario, cuando dependen el uno del otro". Al respecto, apunta que la eficiencia, la trazabilidad, la calidad y el incremento del valor añadido del producto final "se inicia en el campo o en la granja, no en el muelle de entrada de la industria". En la industria de la transformación, principal destinatario de los fondos, la decepción también era patente. La Federación de la Industria de Alimentación y Bebidas (FIAB), considera que aunque la creación de un PERTE específico para el sector alimentario "ha sido positiva, confirmando el carácter estratégico de nuestra industria, la primera convocatoria ha tenido poco impacto, entre otras cuestiones porque ha presentado muchas dificultades y burocracia para las pymes, mayoritarias en el sector ". Desde FIAB confíaban en una segunda convocatoria "que simplifique los procedimientos y que ayude a la transformación real de la industria española de alimentación y bebidas". Desde organizaciones territoriales como Vitartis, que engloba a la industria agroalimentaria de Castilla y León, coinciden. Su presidente, Pedro Ruiz Aragoneses, señala que "los datos de la baja ejecución demuestran que hay que contar más con el sector y con toda la cadena de valor, pero de verdad . Lo dijimos desde el principio, cuando se plantearon las condiciones. Es necesario hacer partícipe al sector en su conjunto, teniendo en cuenta que está integrado fundamentalmente por pymes, que son a las que tiene que llegar la financiación y, para eso, hay que bajar el límite mínimo de presupuesto". Por ello, desde Vitartis se pide al Gobierno "que para poder ejecutar el presupuesto pendiente simplifique los requerimientos y la formación de los consorcios con el objetivo de que se ajusten más a la realidad de las empresas alimentarias. Hay que apostar por una convocatoria más sencilla y flexible, accesible a pymes y que además les permita optar de forma individual. Se trata de revisar las condiciones y que la cuantía pendiente tenga como destinarios a las pymes para que puedan hacer lo que realmente necesitan". Sobre el proceso, desde Zabala Innovation, una de las consultoras que ha tenido una participación más activa en el apoyo a la presentación de proyectos empresariales, explican que "el reparto tan bajo se ha debido a diferentes causas que hicieron que los consorcios iniciales se vieran mermados de manera importante por la exigencia por ejemplo de demostrar fehacientemente que todos los socios cumplen con aspectos tales como la Ley de Morosidad o no estar en crisis para ser beneficiarios de las ayudas. Esto supuso que muchos proyectos se redujeran de manera muy importante de cara a asegurar la elegibilidad de todo el consorcio", señala José Alberto de la Parte, director de Proyectos Estratégicos. No obstante, De la Parte, considera que el Perte Agro ha sido "un importante revulsivo en el sector a la hora de movilizar a toda la cadena de valor y aflorar iniciativas en consorcio de gran calado, tal y como fue nuestra experiencia en el proyectos Spain Food Valley, una iniciativa con 17 entidades que desplegará 28 proyectos". El directivo de Zabala Innovation añade que una nueva convocatoria "si, como hizo el PERTE VEC II, admitiese proyectos individuales, probablemente conseguirá una ejecución mucho más elevada ya que simplifica mucho los riesgos". Fernando Moraleda, director de la Oficina de proyectos Next Gen Agro de Llorente y Cuenca, otra de las consultoras más activas, asegura que "el Gobierno "debe tomar nota de los errores" ante una nueva convocatoria. En su opinión, la primera razón de la baja adjudicación se debe a una reglamentación, derivada fundamentalmente de la normativa horizontal comunitaria, "que ha alcanzado el tope de ineficacia por ser profundamente farragosa y de difícil interpretación. Una orden de bases con 82 páginas es algo imposible de digerir". A ello se une "un garantismo que no ha tenido la flexibilidad suficiente como para incentivar la demanda de la famosa colaboración público privada". En este sentido, destaca que la fórmula de los consorcios se ha demostrado desincentivadora "porque está construida sobre el ideal de conseguir un porcentaje de pymes unidas a un líder que consiga traccionar y generar innovación en empresas que tardan mucho que tardan mucho en incorporar tecnología, digitalización o sostenibilidad. Tenemos las pymes que tenemos con una mentalidad que es muy difícil de cambiar de la noche a la mañana". También los consorcios han fracasado "por la desconfianza de las grandes corporaciones. Si yo me meto en inversiones no me quiero corresponsabilizar con nadie cuando en algunos casos son competencia dentro del propio mercado", explica. Para Moraleda, que recuerda que su Llorente y Cuenca ha logrado que se incluyeran los tres proyectos que han asesorado, afirma que se "ha perdido una batalla pero no la guerra porque ese modelo ha aterrizado en la realidad de la estructura productiva económica y territorial".