Los bajos precios agrarios no pueden competir con las ofertas que los impulsores de parques eólicos y solares hacen a los propietarios de terrenos Los molinos eólicos de la película As Bestas y los paneles solares del filme Alcarràs han llevado a la gran pantalla el debate sobre el encaje entre agricultura y energías renovables. Es decir, entre la producción de alimentos y la generación de electricidad. Ambas actividades compiten por el uso del suelo, en especial los paneles solares, que requieren de grandes superficies de terrenos llanos y con poco desnivel, al igual que los cultivos. En un contexto de malas cosechas por culpa de la crisis climática y de bajas cotizaciones agrarias, los altos precios que pagan los promotores de proyectos renovables resultan una gran tentación. En especial para aquellos propietarios de terrenos que no viven del trabajo en el campo. Para una hectárea de cultivo de cereal en secano, un propietario que tenga su tierra alquilada a un agricultor percibe unas ganancias anuales de unos 300 euros, según fuentes del sector primario. En cambio, para un contrato de alquiler a 30 años, los promotores de proyectos renovables pagan unos 1.800 euros anuales por hectárea y si el terreno es de especial interés, la cifra puede dispararse a más de 2.000 euros. El primer perjudicado por la pérdida de hectáreas de cultivo para la instalación de renovables es el agricultor que antes trabajaba esas tierras. Sin embargo, hace unos meses, varias entidades advertían que la pérdida de superficie agrícola no es únicamente un problema de los payeses, sino un "tema estratégico de país, de proveimiento crítico de alimentos en un país con una baja autosuficiencia alimentaria". Entre los firmantes del manifiesto figuran organizaciones vinculadas al mundo agrario, pero también el Col·legi d'Economistes o la organización ecologista Ipcena-EdC. "Llevamos cinco crisis alimentarias desde el 2007, cuando llevábamos 50 años que no había habido ninguna. La última ha sido la del conflicto bélico en Ucrania", alerta Francesc Reguant, presidente de la Comisión de Economía Agroalimentaria del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Ante este escenario, "estados de todo el mundo están tomando medidas para incrementar su potencial productivo, mientras que los fondos de inversión están invirtiendo en la compra de tierra cultivable, que está subiendo de precio", añade el experto, quien indica que hace estas declaraciones a título personal. Catalunya no produce ni la mitad de lo que come y sólo genera con renovables el 14% de la electricidad Se estima que Catalunya no produce ni la mitad de los alimentos que consume, con lo que es altamente dependiente desde el punto de vista alimentario. Sin embargo, también es altamente dependiente en generación de electricidad a partir de fuentes energéticas renovables, que en el 2022 supusieron el 14,4% del total de la electricidad consumida (en el conjunto de España, esta misma cifra ascendió al 42,2%). En este sentido, Catalunya es una de las regiones más rezagadas en la implantación de grandes proyectos de energías renovables debido a la gestión gubernamental. "Nosotros, desde Afrucat (la Associació Empresarial de Fruita de Catalunya), apostamos por la inversión en energías renovables y también por la producción alimentaria. Tenemos que ponernos de acuerdo y regirnos por unas normas claras. Esto no puede ser un sálvese quien pueda. No puede ser que se arranquen árboles para poner energías renovables y que luego nos falte comida y tengamos que importarla. Para un país es tan estratégica la alimentación como el agua o la energía", señala Manel Simón, director general de Afrucat. En opinión de Francesc Reguant, la ocupación de suelo agrícola por parte de proyectos de energías renovables es "una barbaridad" cuando se trata de terrenos en regadío. "Llevar el agua a estas fincas ha supuesto una gran inversión económica, sin olvidar que son muchísimo más productivas que las de secano", recuerda el experto. En Catalunya, se calcula que el 30% de las tierras en regadío aportan el 70% de la producción agraria. Manel Romero, codelegado en Catalunya de la patronal Unión Española Fotovoltaica (Unef) y copropietario de la empresa instaladora Sud Renovables, se lamenta que "el debate se esté centrando en la dicotomía entre renovables y agricultura". "No debemos escoger entre una cosa y la otra. Hacer la transición energética sobre el terreno no implica dejar de hacer agricultura. Es evidente que hay que priorizar otros terrenos", afirma Romero. José Enrique Vázquez, presidente del Grupo de Gestores Energéticos de Catalunya, lo tiene claro: "Energía i producción agraria pueden y deben ir de la mano". Romero pone sobre la mesa las siguientes informaciones: "Se calcula que para hacer la transición hacia un sistema eléctrico 100% renovable se precisan 80.000 hectáreas, el 2,5% de la superficie de Catalunya, cuando en los últimos 20 años la superficie agraria catalana se ha visto reducida un 10% al haber sido abandonadas 98.000 hectáreas". Se trata, principalmente, de terrenos poco productivos o situados en zonas alejadas, que ni agricultores ni promotores de renovables tienen -por el momento- interés en recuperar. Un reciente estudio del Observatorio de la Sostenibilidad cifra en 33.861 las hectáreas de terreno sin valor ecológico con las que cuenta Catalunya y que, de ser aprovechadas para la instalación de paneles solares fotovoltaicos, podrían producir suficiente electricidad para abastecer de electricidad a todo el territorio catalán. Se trata de superficies como tejados, vertederos o arcenes de carreteras. Más allá del choque entre agricultura y renovables, el principal motivo de rechazo es paisajístico "Tenemos espacios suficientes para ubicar paneles solares sin perjudicar a la capacidad productiva de alimentos, pero es una cuestión de costes. Los promotores prefieren terrenos agrícolas por sus características idóneas para la implantación de renovables y por los menores precios", afirma Francesc Reguant. Hay otro condicionante clave a la hora de escoger una ubicación para los parques solares y eólicos: la proximidad a un punto de conexión a la red eléctrica. Este condicionante es el culpable de que los proyectos de renovables se concentren en determinados puntos del territorio y de que no todas las ubicaciones sean viables. Más allá del choque entre agricultura y renovables, Juan Fernando Martín Romacho, responsable de Cambio Climático de la Fundación Renovables, recalca que "el principal motivo de rechazo a los proyectos renovables es una mera cuestión visual, paisajística". El portavoz de esta entidad creada para sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de descarbonizar el sistema energético apremia al "rápido despliegue de las renovables, indispensables para hacer que la transición energética ocurra ya y mitigar así los efectos de la actual crisis climática".