Las bases socialdemócratas alemanas han dado el sí a la gran coalición y, aunque todavía no hay gobierno, el mecanismo de formación de la gran coalición ya se ha puesto en marcha. Suficiente para que se presente en Berlín el comisario europeo de Presupuesto, el alemán Günther Oettinger, para notificar a los renovados vecinos y socios alemanes que el Brexit ha ocasionado una derrama en la comunidad y requiere un aumento de la contribución anual de Alemania de 3.500 millones de euros al presupuesto europeo. "Por cabeza, teniendo en cuenta la población alemana, serán 10 céntimos al día más que ahora", trata de endulzar.
Oettinger trae el discurso preparado. Explica que en la UE, además de agujero presupuestario que deja Reino Unido, han surgido nuevas tareas que hay que pagar. Cita la protección de las fronteras exteriores y la lucha contra el terrorismo, asuntos que gozan de gran aceptación entre los alemanes de a pie y sirven de perfecta justificación. Y también trae argumentos para satisfacer a la canciller Merkel, que lleva años advirtiendo que los recursos de la UE deben ser empleados de forma más eficiente y sugiere la necesidad de invertir en I+D y en digitalización, en sectores tecnológicos punteros, por delante de gastos otrora prioritarios, como la PAC, que no llevan a Europa a ese lugar de liderazgo económico global que corresponde al papel de liderazgo político y de defensa que los gobernantes europeos defienden en los escenarios internacionales. "Tenemos poco margen porque no podemos ni endeudarnos ni crear nuevos impuestos. Así que el único recurso es la aportación de los Estados", explica Oettinger mientras pasa la gorra y señala al sector agrícola como uno de los más "recortables".
El comisario pone por delante que la Política Agraria Común (PAC) no se va a desmontar, pero avanza que los fondos de cohesión y los agrícolas sufrirán recortes, del 10% a partir de 2021, con el nuevo marco financiero de la UE. Entre las propuestas concretas para efectuar esos recortes plantea, por ejemplo, la posibilidad de que los pagos directos por hectárea sean decrecientes, es decir, que en el futuro, los agricultores, a partir de una cierta superficie, recibirían menos apoyo financiero por hectárea. Los detalles serán negociados en el presupuesto plurianual entre 2021 y 2017, el próximo mes de mayo, pero el recorte se da por seguro.
A Oettinger no le gusta la dialéctica de contribuyentes netos frente a receptores netos, porque asegura que muchas políticas no pueden contabilizarse solo como beneficio a un país concreto, sino a toda la Unión. Pese a ello, a final de cuentas los Gobiernos tendrán que explicar a sus opiniones públicas que la pertenencia a la UE les va a salir más cara y Alemania tiene ahora sentado en el Bundestg, por primera vez desde la II Guerra Mundial, a un partido abiertamente antieuropeo como es Alternativa para Alemania (AfD), convertido en las encuestas además en la segunda fuerza política alemana, por delante incluso del Partido Socialdemócrata (SPD).
A pesar de esa evidente dificultad, que puede pasar una cruda factura a medio o largo plazo, Oettinger encuentra un terreno abonado para su demanda. A pesar de que Alemania es el mayor contribuyente neto de la UE, con un saldo negativo de 12.900 millones de euros, por ejemplo, en el año 2016, el texto de acuerdo de la gran coalición entre Merkel y los socialdemócratas contiene la frase: "Alemania está preparada para aumentar su contribución al proyecto europeo". Pero consciente de que son necesarios argumentos contundentes que presentar frente al discurso hostil y rencoroso contra la UE de AfD, Oettinger también explica en Alemania que "no es cierto que haya terminado la era de la austeridad en Bruselas". "Al contrario", insiste, "la mitad de la brecha del Brexit, entre 12.000 y 14.000 millones de euros, serán compensados con recortes en el presupuesto existente".
La política agraria europea cuesta actualmente unos 400.000 millones de años, por lo que un recorte del 10% supondría una reducción de 40.000 millones de euros, una decisión mucho menos dolorosa que otros escenarios que se han planteado en Bruselas, como recortes de hasta el 30% que restarían hasta 120.000 millones al año. El hecho es que la política agraria, que llegó a ocupar el 80% del presupuesto europeo, ha sido ya esquilada hasta solo un 38% del dinero de Europa y en España, tras la última reforma de la PAC, el número de beneficiarios se ha reducido en un 19% desde 2013. Para el sector, por lo tanto, cualquier otro recorte resultará traumático. Por eso Oettinger sugiere también posibilidades como la cofinanciación o la renacionalización, pero ni los Estados europeos quieren, ni los agricultores se fían de sus gobiernos para dejar en sus manos y en su voluntad o capacidad presupuestaria la política agrícola.
Las vías que se abren, para el sector, están relacionadas con un cambio de estrategia. Allí donde desaparezcan subvenciones a cultivos por hectárea, pueden aparecer fondos para promover el empleo juvenil en las áreas rurales, ayudas para la mejora de infraestructuras rurales, especialmente comunicaciones y nuevas tecnologías, y sobre todo digitalización. Dado que gran parte de los trámites relacionados con las ayudas europeas se tramitarán ya a través de internet, se justifican las ayudas a la garantía de una red de alta calidad en las zonas rurales.