WWF critica la falta de homogeneidad en los traspasos del dinero, la carencia de un criterio común y de trazabilidad Nunca ha habido en España tanto dinero destinado a la gestión del lobo ibérico. Cada año desde 2022 el Gobierno teóricamente reserva 20 millones de euros para las comunidades con presencia del predador, a los que se suman recursos de las propias ... autonomías. Sin embargo, ni la distribución de estos fondos es homogénea, quedando en ocasiones sin distribuir, ni su destino final está claro. «Hemos intentado hacer seguimiento de los 20 millones de euros», ha explicado Luis Suárez, coordinador de conservación de WWF, « ha sido absolutamente imposible». La organización ha presentado este jueves el informe «¿Hacia la coexistencia o el conflicto? Análisis de las políticas autonómicas para la conservación del lobo», en el que analiza la gestión de la especie en España. En él han incluido una evaluación de los sistemas de seguimiento y compensación de daños; las medidas y planes para prevenir ataques de lobos; el seguimiento de las poblaciones o los mecanismos de participación y transparencia. Y al intentar aclarar las cifras concretas que se han destinado a cada partida y su origen (si el dinero era estatal o autonómico), no han podido. Isabel Miranda Incluirá una enmienda a la norma en el Senado para sacar al predador del Lespre, pero deberá ser revalidada en el Congreso «Las comunidades no han sido capaces de explicarnos y, por tanto, tampoco el Ministerio, qué parte de esos fondos se están invirtiendo en los diferentes apartados, qué parte son fondos propios, qué parte vienen de otros lados...», dijo Suárez, quien también aseguró que «se están quedando fondos (estatales) sin utilizar». El fondo nacional habilitado a partir de 2022, tras blindar al lobo en toda España a través del Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección Especial (Lespre), cuenta con 20 millones anuales. Su objetivo es apoyar a los sectores más afectados por la presencia del predador, en especial la ganadería extensiva, con medidas preventivas como la compra de mastines o pastores eléctricos; y la compensación de daños. La cantidad que recibe cada comunidad depende de criterios como el número de cabezas depredadas y de manadas de lobo contabilizadas, y va desde los 50.000 euros anuales para prevención y otros 50.000 euros para compensación de daños en las comunidades con presencia esporádica o habitual de lobos hasta los 8,8 millones de euros al año para Castilla y León, que ostenta la mayoría de los ejemplares de España. Con estas cantidades, cada comunidad, con sus propios criterios, plazos y requisitos, distribuye el dinero por partidas y afectados. «Es muy complicado saber cuánto se ha transferido, pero cuándo y de qué manera se gasta es una aventura», dijo Suárez. Para WWF, esta falta de trazabilidad es «preocupante» y dificulta la evaluación del éxito o fracaso de las medidas. Piden al Ministerio la creación de un sistema de reporte unificado para poder valorar y comparar los daños en las distintas regiones; unos criterios para unificar las cantidades y la tipología de daños en todo el estado y la valoración de otros costes complementarios (como el lucro cesante); todo ello medidas en las que coinciden con los ganaderos. Hay, además, una cuestión temporal que añade confusión a la distribución de los fondos: se otorgan a plazo vencido, a final de año. Es decir, cuando las comunidades ya han pagado a los ganaderos tanto los daños como las ayudas para medidas de prevención, lo que complica su justificación en plazo. Hay comunidades, como Madrid, que para cuando les llega la ayuda estatal, la destinan a partidas de seguimiento de la especie porque el resto ya lo han cubierto, dice Suárez. El sistema, dice WWF, debe garantizar la transferencia de fondos a las comunidades. Evaluación autonómica En general, con el análisis de las medidas puestas en marcha estos años, WWF considera que la mayor parte de las comunidades todavía no cumplen con los criterios mínimos para garantizar la coexistencia del lobo con la actividad humana. De hecho, solo Cataluña estaría en el «buen camino», seguida de País Vasco y Galicia. En cambio, según el informe, Asturias, Cantabria y Castilla y León están fallando en aspectos vitales como el apoyo a la adopción de medidas preventivas. Pese a todo, y en comparación con 2021, la situación ha mejorado, según la organización. «La comparación muestra un sensible progreso de las comunidades autónomas, con la mitad de ellas mejorando su valoración en prevención de daños respecto a 2021 y más de la mitad aumentando en el apartado de planificación y conservación», dice el informe. «Aunque queda mucho por hacer, la puesta en marcha de la estrategia ha supuesto una cierta mejora y un avance en la buena dirección».