Tras más de un cuarto de siglo de negociaciones, el pasado sábado, 17 de enero, tuvo lugar la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países miembros del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Para sus defensores, un gran avance que, en caso de entrar finalmente en vigor, traería consigo la mayor zona de libre comercio en todo el mundo. Exenta además de la guerra arancelaria que encabeza en los últimos meses el presidente estadounidense Donald Trump. Con la carga política -y de relato- que esto supone.
Para sus detractores, fundamentalmente agricultores y ganaderos europeos -y, por ende, también españoles y madrileños-, por el contrario, su puesta en marcha pondría en tela de juicio la viabilidad del sector y, en consecuencia, la economía rural, además de suponer el punto final a la soberanía y la seguridad alimentaria en el viejo continente. O lo que es igual, al menos a largo plazo, un empeoramiento de la calidad de los productos que todos consumimos. Y es que, aseguran, en la actualidad no es posible competir con los estándares de producción sudamericanos.
Pese a la paralización momentánea a cargo del Parlamento Europeo , que amenaza incluso con llevar el texto ante los tribunales de justicia, las principales entidades del sector no se fían y, además de criticarlo con dureza, mantienen la previsión de manifestarse por toda la geografía nacional esta misma semana.
"Es un acuerdo bastante lesivo para el interés europeo y, en particular, para el campo mediterráneo. Afectará a cultivos tan importantes para la Comunidad de Madrid como puede ser el vacuno, el vino o el aceite de oliva, porque no vamos a poder exportar todo lo que queramos (...). Y no tanto por un tema de toneladas que pueda adoptar Mercosur, sino por los estándares de producción que utilizan. Desde materias prohibidas, incluso hormonas de crecimiento que ha reconocido, por ejemplo, Brasil, pasando por los costes laborales y de mano de obra bastante más bajos", explica visiblemente preocupado el director de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) en Bruselas, José María Castilla , en conversaciones con Madridiario .
En la misma línea, el presidente de la Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid (Ugama), Alfredo Berrocal , se muestra tajante: "No se puede seguir utilizando a los agricultores y ganaderos como moneda de cambio en los acuerdos comerciales. No se puede exigir cada vez más a nuestros agricultores y ganaderos mientras se permite la entrada de productos de terceros países que no cumplen las mismas normas medioambientales, sociales ni sanitarias".
"También es un problema para los consumidores"
Berrocal pone asimismo el foco sobre las más que probables consecuencias que el pacto podría suponer para los consumidores. "Mercosur no es solo un problema del campo. Tambiéb es un problema para los consumidores , que acabarán comiendo productos producidos con menos garantías de calidad, menos controles y a miles de kilómetros, mientras desaparece la producción local", reafirma.
A fin de evitar esta más que notoria "pérdida de competitividad" , las asociaciones del sector exigen en bloque a las autoridades internacionales que todos "juguemos con las mismas reglas". En la práctica, que se establezcan "cumplimientos equivalentes" para el empleo de fitosanitarios, el bienestar animal, la trazabilidad de los productor, las labores ambientales, la deforestación, la producción y tratamiento de residuos o la normativa laboral y de derechos de los trabajadores.
En concreto, tales reivindicaciones pasan por el establecimiento de "clausulas espejo" con mecanismos de verificación independientes y suspensión inmediata por incumplimiento, mayores controles fronterizos y con capacidad sancionadora o "salvaguardas automáticas" por "perturbación" en mercados "sensibles" como pueden ser la carne, el azúcar o el etanol, entre muchos otros.
También una "trazabilidad robusta, digital y auditada", más fondos, "no parches", y un "plan de competitividad agraria europea" para avanzar es aspectos como el aprovechamiento del agua para regadío, la genética vegetal o la mecanización de los procesos. Todo de la mano de una simplificación normativa, tildada en el presente de "asfixia", y una política industrial "que acompañe a la agrícola".
"Si aquí prohibimos una sustancia, no la importemos en productos que la usaron. Si aquí exigimos un estándar, no lo rebajemos en frontera. Eso es reciprocidad. Lo demás, marketing"
"No estamos en contra de los acuerdos comerciales, pero sí de este en particular" porque "nos posiciona muy negativamente (...). No tenemos miedo a producir, pero siempre que los acuerdos comerciales sean recíprocos, utilicen fórmulas similares de producción y no nos resten competitividad. Un ejemplo muy claro: es como si el productor europeo solo pudiese utilizar una máquina y sin embargo el brasileño no va con dos, sino con tres. Puede utilizar mejor tecnología, drones, agricultura de precisión, economías de escala... Si aquí prohibimos una sustancia, no la importemos en productos que la usaron. Si aquí exigimos un estándar, no lo rebajemos en frontera. Eso es reciprocidad. Lo demás, marketing" , sentencia Castilla.
Más allá de las repetidas manifestaciones en Estrasburgo, que vienen teniendo lugar desde la firma del acuerdo, el ciclo de movilizaciones en nuestro país arranca hoy de la mano de Asaja, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). Así, agricultores y ganaderos volverán a tomar las calles de toda España con sus tractores entre el 26 y el 30 de enero, con especial atención al día 29 , cuando se espera la marcha más numerosa en la capital.
Fuera de Madrid hay actos de protesta convocados en hasta 15 ciudades diferentes: Almería, Alicante, Córdoba, Gran Canarias, Granada, Huelva, Palencia, Jaén, La Rioja, Sevilla, Soria, Tenerife, Toledo, Valencia y Valladolid. Del mismo modo, salvo modificación de última hora, está prevista una gran tractorada para el próximo 11 de febrero. En esta ocasión, no obstanta, convocada por Ugama.
La Comunidad exige garantías mientras el PP vota a favor del pacto
Sensible con las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos madrileños, el Gobierno regional, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior que dirige Carlos Novillo , suscribió el pasado día 15 con Asaja, Ugama, AGIM-COAG, UPA Madrid y la Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas un pacto "para proteger y defender al sector primario regional".
El documento, aseguran desde la propia consejería, "recoge el compromiso del Ejecutivo autonómico y de las asociaciones firmantes de trabajar de manera conjunta para garantizar la rentabilidad y la viabilidad del sector" frente al "riesgo que supondría depender de terceros países para el suministro de alimentos sin que se les exijan los mismos requisitos sanitarios". Esto supone apostar por una "financiación adecuada y orientada a un modelo productivo justo" mediante "compensaciones".
En paralelo, el Gobierno regional no ha dudado en posicionarse en contra de la aplicación del acuerdo UE-Mercosur en los términos actualmente previstos. Al menos "hasta que se garantice la protección de los agricultores y ganaderos españoles".
"Ante la aprobación en la Eurocámara de elevar el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y la intención de la Comisión Europea de aplicarlo automáticamente, la Comunidad de Madrid defiende su paralización hasta que no se aseguren las cláusulas de protección del campo español y europeo. Es imprescindible la introducción de cláusulas de salvaguarda automáticas, controles en frontera que exijan que los productos que entran tienen las mismas exigencias sanitarias que los europeos y, sobre todo, asegurar una mayor financiación y menor burocracia en el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC)", señalan en un comunicado remitido a este digital.
Aunque, eso sí, matizan: "Para el Gobierno regional este acuerdo es beneficioso para la economía europea en el contexto geopolítico actual, pero debe rematarse con las garantías de compensación del sector agrícola y ganadero español. Vemos con preocupación cómo la Comisión, donde está Teresa Ribera, tiene intención de aplicarlo provisionalmente sin protecciones hasta que se pronuncie el TJUE".
Incluso la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado al respecto a través de su perfil oficial en la red social 'X', anteriormente conocida como Twitter.
Pedimos a la Comisión Europea que no active el acuerdo con Mercosur hasta que se garantice la protección de nuestros agricultores y ganaderos.
Mercosur es una gran oportunidad para Europa pero nunca lo será si es a espaldas del mundo rural.