El campo español ha emulado al clásico cinematogáfico de Mel Gibson y Sigourney Waver: el 2024 fue el año que vivimos peligrosamente junto a agricultores y ganaderos. A las 'tractoradas' en primavera contra la particular 'policrisis' del sector (precios, relevo generacional...) en vísperas de las elecciones europeas de junio, le siguieron las concentraciones contra el Acuerdo UE- Mercosur culminadas hace dos semanas frente al Ministerio de Agricultura y la Dana. El ministro del ramo, Luis Planas, deberá gestionar esta oposición, terminar de cumplir las 43 medidas comprometidas tras las tractoradas, sobre todo, lo referido a seguros agrarios y la representatividad. Además de despejar dudas sobre la Ley de la Cadena Alimentaria y 'aterrizar' propuestas para problemas estructurales como el relevo generacional . Las espadas siguen en alto por Mercosur Muchas son las asignaturas que quedan pendientes en el casillero del Ministerio. En el caso de Mercosur , a pesar de que queda por delante un proceso de ratificación de meses, las principales organizaciones agrarias han reafirmado su rotunda oposición. Asaja, COAG, UPA, Cooperativas Agro-Alimentarias y Unión de Uniones temen una competencia desleal letal y no confían en las medidas de salvaguardia introducidas en el acuerdo. Tampoco creen, como argumentan fuentes del Gobierno, que los contingentes pactados no supondrán ningún impacto negativo relevante. Desde COAG exigen "que todos los productos que entren de terceros paíes se equiparen a los estándares de producción de la UE". Sin embargo, los agricultores no se fían. "¿Dónde está la reciprocidad? ¿Y las cláusulas espejo?" , se preguntaba el presidente de Asaja Pedro Barato en referencia al impacto sobre producciones sensibles como la carne de vacuno, el azúcar y el arroz. Barato retaba a Planas a que "desgrane el acuerdo y dígame dónde está lo positivo para el vacuno, el porcino, las aves de corral... ". Desde otras asociaciones como UPA apuntaban hacia compensaciones económicas, a través de un fondo de 1.000 millones de euros . Tampoco ha ayudado que, según fuentes del Gobierno, este instrumento no estará operativo hasta, al menos, 2028 con el nuevo marco financiero plurianual (2028-2034). "¿Dónde está la reciprocidad? ¿Y las cláusulas espejo?", se pregunta el presidente de Asaja Pedro Barato sobre el acuerdo UE-Metrosur 43 medidas ... no son suficientes Miles de agricultores han protagonizado movilizaciones por toda España este año. Todos estos movimientos visualizaron los problemas de rentabilidad del campo y forzaron a la Comisión Europea a flexibilizar la condicionalidad 'verde' de la Política Agraria Común (PAC). En concreto, se impulsó una ' simplificación' en la aplicación de algunas de las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales de la tierra (BCAM) y de los ecorregímenes (rotación de tierras de cultivo, barbecho...). Unas prácticas imprescindibles para obtener las ayudas PAC. Además, a los productores con explotaciones iguales o menores a 10 hectáreas , se les eximió de controles y de penalizaciones. También hubo cesiones desde el Gobierno, pero no convencieron a todos y supusieron la dramática ruptura de la unidad de acción entre Asaja, COAG y UPA junto al fin de las 'tractoradas'. Las dos primeras siguen viendo las propuestas del Gobierno como insuficientes. En concreto, Planas planteó a principios de abril un paquete de 43 medidas a las principales organizaciones agrarias. Un documento que abarcaba desde el refuerzo de los controles en frontera hasta el refuerzo del Observatorio de la Cadena Alimentaria y la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) . Además de culminar la reforma del sistema de seguros agrarios, entre otras. La Unión de Uniones, que también estampó su aval a las 43 medidas, lo hizo a cambio de reformar la representatividad en el campo, para generalizar las urnas. Una modificación que todavía estudia el Senado dentro de la tramitación del Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. En la última reunión de la mesa de seguimiento, el pasado 20 de diciembre, el titular de Agricultura daba por hecho que "en estos momentos prácticamente el 90% de las medidas se han llevado a la práctica" . En cambio, UPA y Unión de Uniones recuerdan que esta incompleta la reforma de los seguros agrarios sometidos a la creciente siniestralidad derivada del cambio climático. Al respecto, Planas cree que el problema debe resolverse en Europa. En cambio, las organizaciones agrarias proponen fondos adicionales para cubrir esta "siniestralidad extraordinaria". Todo ello, mientras engorda la factura del sistema: las subvenciones públicas a la contratación de pólizas crecerán un 10,7% en 2025 hasta los 315 millones de euros y, el pago de indemnizaciones, parece no tener techo: Este año puede superar los 1.400 millones de euros por la Dana (1.200 millones en 2023). Dos meses de la Dana... y mucho por hacer Las inundaciones que arrasaron decenas de municipios de la provincia de Valencia dejaron un rastro de destrucción en el campo valenciano. Fuentes de AVA-Asaja comentan a 'La Información' que casi dos meses después los agricultores se sienten "desatendidos" y apuntan que los trabajos de reparación de infraestructuras van "muy lentos". Para este fin el Gobierno ha destinado 170 millones de euros. Respecto a las ayudas directas, 200 millones, apuntan que se están empezando a recibir pero denuncian que "muchos quedarán fuera porque están jubilados o sus campos familiares son rentas complementarias, es decir, son agricultores a tiempo parcial". En cualquier caso, se felicitan de que el pasado lunes se ampliaran estas medidas a explotaciones de pueblos colindantes . "Pedimos más agilidad y una mayor coordinación", concluyen las fuentes consultadas. Los precios en origen de productos como la uva, la leche o el aceite de oliva han seguido un año más en el centro del debate sobre la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria Relevo generacional y precios, un año más... Estos últimos 12 meses se ha hablado más de relevo generacional, una problemática clave para un sector en el que está previsto que se jubilen alrededor del 60% de los agricultores durante la próxima década. En concreto, este año se ha celebrado una conferencia sectorial aunque no se han traducido aún en nuevas medidas. Por otro lado, los precios en origen de productos como la uva, la leche o el aceite de oliva han seguido un año más en el centro del debate sobre la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria y la actuación de la AICA. La citada norma prohíbe la venta por debajo de coste, pero no han faltado las polémicas . En La Rioja las principales organizaciones agrarias acusaron a las grandes bodegas de comprarlas por debajo de coste durante la última vendimia, y exigieron la intervención de las autoridades.
