El consejero de Agricultura, Joaquín Olona, ayer, reunido con organizaciones agrarias y cooperativas.
S. E.
Sin saber el importe que Aragón recibirá por los daños originados por la sequía ni si habrá ayudas directas por parte de la DGA, el titular de Agricultura, Joaquín Olona, se reunió ayer con los representantes de las organizaciones agrarias y de la Federación de Cooperativas (FACA) para analizar qué medidas van tomando.
La primera, la publicación hoy en el BOA de la flexibilidad introducida en las ayudas agroambientales, las de desarrollo rural y también en la propia PAC para facilitar la presentación de solicitudes hasta el 30 de junio (se ha ampliado el plazo).
La segunda, subvencionar no los intereses (como hasta ahora) sino parte del capital de los préstamos que tengan que pedir los agricultores que se queden sin cosecha. Y la tercera, elevar al 70% el coste de los seguros de rendimientos-estaba en un 45% -, que cubren las pérdidas por sequía y que solo tiene un 30% de explotaciones de cereal».
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No dejar a nadie atrás es lo que le han pedido de forma unánime UAGA, Asaja, Araga y UPA . Todas han demandado a Olona dar cobertura y apoyo al 70% de los agricultores que no están asegurados ya que el Ministerio aún «no ha abierto el melón» de cómo piensa repartir esos 276,7 millones para la agricultura afectada por la sequía, cantidad que Ángel Samper, secretario general de Asaja Aragón, ve «totalmente insuficientes» ante una estimación de pérdidas , dijo, de 1.100 millones solo en Aragón.
« Lo más importante es que el dinero que haya, las ayudas, lleguen al que más lo necesita, al profesional del campo», destacó José María Alcubierre, secretario general de UAGA , que recordó que ese es el compromiso solicitado a Olona. «El Ministerio plantea otras cosas. Pero si no se protege al profesional y las ayudas se reparten indiscriminada mente, tendremos un problema », advirtió, cuantificando en 18.500 los profesionales que realmente viven del campo frente a los 36.000 perceptores de la PAC.
Insistió además Alcubierre en la necesidad de que la DGA «afine la puntería» y reparta bien las ayudas atendiendo al que tenga seguro de sequía y al 70% restante que también se quedará sin cosecha.
Alcubierre reclamó agilidad. «No podemos llegar a septiembre en esta situación», dijo, sobre todo en los sectores que «lo están pasando muy mal por esta sequía extrema». Y se declaró «satisfecho» por haber logrado que la apicultura, que se quedó fuera de las ayudas del Ministerio, sea catalogada por la DGA como ganadería extensiva y se esté hablando de darle «a la colmena una ayuda similar a la que se ha ofrecido a la ganadería, de 18 euros por oveja».
« El seguro de sequía está funcionando muy mal . Si la voluntad del agricultor es asegurar, pero el 70% no asegura es porque no les sale a cuenta. H ace tiempo que llevamos reclamando que se cambie el modelo », corroboró Samper. «Hay que universalizar los seguros y darles la vuelta porque no compensan. Pero eso requiere que Enesa, Agroseguro y la Administración nos sentemos a hablar».
Además, Samper pidió al consejero agilizar lo que pueda el pago de las ayudas y los préstamos. «Que vengan cuanto antes . No hay tiempo, llega el verano, y como los agricultores no puedan hacer las nuevas siembras, por falta de liquidez, habrá graves afecciones no solo para ellos sino para el consumidor», avisó , ya que se perdería tanto cultivo que los precios subirían.
Federico Lorente, de Araga, insistió en el mensaje de que « las ayudas por la sequía tiene que ir a los profesionales del campo» y en que «no se puede dejar fuera» de las mismas a la mayoría de explotaciones de cereal que no están aseguradas. «No hay que dejar a nadie atrás» , recalcó, a la vez que valoró que hoy se publique ya en el BOA la flexibilidad en la PAC para poder ganar tiempo. Lorente pidió además agilidad en la llegada de préstamos blandos.
Desde UPA, Francisco Santolaria, agradeció una PAC sin penalizaciones al agricultor y ganadero por no haber podido afrontar inversiones al no tener liquidez por la nula o poca cosecha debido a la sequía y que se dé un porcentaje del capital del préstamo que tengan que pedir. Se está valorando que sea del 15% -con un máximo de 100.000 euros por explotación, según el Ministerio, explicó, «aunque la DGA ha de valorar a quién, cómo y qué cuantía se da por esa financiación », añadió. Asimismo, como el resto de organizaciones, abundó en el imperativo de «no dejar a nadie atrás porque hay mucha gente que no está asegurada ».
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