El BOE publica la resolución para continuar el procedimiento de registro de la IGP Jamón Serrano

13/01/2022

En: agronegocios.es
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BOE etg jamón serrano Indicaciones Geográficas Protegidas legislación mapa registro sector cárnico Unión Europea El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy una resolución del 21 de diciembre de 2021, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que se adopta y publica la decisión favorable relativa a la continuación del procedimiento para el registro como Indicación Geográfica Protegida al Jamón Serrano, desestimándose las oposiciones presentadas a esta solicitud. Según se expone, se continuará con el procedimiento de registro de la citada IGP por cuanto cumple los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) n.º 1151/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, para que sea inscrita en el Registro comunitario de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas de los productos agrícolas y alimenticios, publicando, en consecuencia, la versión del pliego de condiciones en la que se ha basado la presente resolución, y que figura en la siguiente dirección de la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/dop-igp/htm/igp_jamon_serrano.aspx La presente resolución pone fin al procedimiento nacional preliminar, motivo por el cual se procede a continuación a enviar la solicitud de registro de la IGP Jamón Serrano a la Comisión europea, envío que se realizará de manera simultánea a la resolución favorable a la continuación del procedimiento de cancelación de la ETG Jamón Serrano, cuya eficacia está supeditada a la de aquélla. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el BOE» ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de conformidad con lo previsto en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.