La tramitación de la proposición de ley de PP y Vox que amplía regadíos en el entorno de Doñana ha echado a andar este martes en el Parlamento de Andalucía con las comparecencias de agentes sociales, cooperativas y agricultores . Con independencia de los posicionamientos a favor o en contra de la polémica iniciativa, que cuenta con el rechazo de la Comisión Europea, de la Unesco, del Gobierno central y de la comunidad científica, la mayoría de los comparecientes exigieron a los Ejecutivos central y andaluz que dialoguen, busquen una solución y saquen de la agenda electoral un asunto que está poniendo en un brete al potente sector de la fresa de la provincia de Huelva. El Parlamento va a despachar en un solo día el preceptivo trámite de audiencia en el que participará a última hora de esta tarde, tras el veto inicial, el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes. En ese listado se han quedado fuera representantes de la comunidad científica críticos con el proyecto como el director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla. También Robert Casier, representante de la Unesco. Las personas citadas han tenido 10 minutos para hacer su exposición. Cada uno de los cinco grupos parlamentarios han podido hacer preguntas durante dos minutos. La sesión ha comenzado con bronca, porque la presidenta de la comisión, Ana Chocano (PP), ha afeado al ponente socialista de la ley, Mario Jiménez, la forma de hacer sus preguntas. La proposición de ley de PP y Vox pretende ampliar las zonas agrícolas regables en la comarca del Condado de Huelva, cuyos propietarios quedaron fuera de regulación cuando en 2014, vía decreto, se aprobó y consensuó el llamado plan de la fresa, el Plan Especial de Ordenación de Regadíos del Condado de Huelva que afecta a cinco municipios (Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado) . La iniciativa no aclara a cuántas hectáreas afectará esa ampliación de regadíos, pero, en una carta remitida a la Comisión Europea en febrero de 2022, la Junta de Andalucía detallaba que estas ascenderían a 748,62. El PP dice que esos cultivos se regarán con aguas superficiales del trasvase de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, no con agua del acuífero de Doñana, que está "sobrexplotado". Ese trasvase, de casi 20 hectómetros cúbicos, está ya comprometido, pero para las zonas con derechos de agua. Los representantes de la COAG y de Comisiones Obreras han pedido la suspensión de la tramitación de la proposición de la ley y han reclamado que se constituya una mesa de diálogo entre Administraciones. "Primero hay que consolidar el regadío existente, recuperar el acuífero y cuando estén las obras hídricas estudiar nuevos regadíos en la zona. La guerra entre administraciones, solo traerá falsas expectativas a los agricultores y ninguna solución ni para el sector ni para el parque", ha dicho Eduardo López, de COAG. Esta organización ha facilitado el siguiente dato: el 2,5% de los propietarios son grandes explotaciones dominadas por fondos de inversión que acaparan el 60% de la superficie de frutos rojos y el 80% del volumen de agua. El representante de CC OO, Emilio Fernández, ha alertado de que la iniciativa legislativa "pone en riesgo la excelencia de la marca de la fresa de Huelva", ha destacado que el 70% del empleo que genera el sector es por cuenta ajena y ha pedido "retomar el acuerdo político y sacar de esta absurda batalla política" al sector. También ha exigido a los gobiernos central y autonómico que ejecuten las infraestructuras previstas, sin las cuales no es posible el trasvase. El representante de las Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, Jaime Martínez Conradi, ha apostado por la proposición de ley porque "no supone la concesión de ningún derecho automático al riego. Hay que dar seguridad jurídica a terrenos que ahora están en un limbo. Lamentamos que se esté trasladando un mensaje desvirtuado y que criminaliza al sector de frutos rojos". También ha reclamado "sacar de la agenda electoral a la fresa, porque es una confrontación oportunista" y ha criticado la "nefasta gestión hídrica". Todos los intervinientes han reconocido que el llamado plan de la fresa de 2014 provocó situaciones injustas. Hubo agricultores cuyos terrenos se quedaron fuera de la regulación y reclaman ahora unos "derechos históricos" para que sus suelos sean calificados de regables. En este sentido ha incidido Ana Warleta González, jefa de la Oficina de Ordenación del Territorio de la Junta en Huelva, quien ha destacado los "errores" del sistema cartográfico que se empleó en su día y que se utilizó para dar o no agua a las zonas agrícolas. Dos agricultores, padre e hijo, citados por el PP, han contado su "historia personal" y han puesto voz a esas "injusticias" de la que se quejan algunos agricultores. Un funcionario jubilado de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) , Juan Saura, ha insistido en la necesidad de que Gobierno y Junta vayan de la mano. "Esto requiere de una política de Estado más allá de que si 800 hectáreas quieren incorporarse o no cuando hay un problemón en Doñana. Siempre hay que partir de un consenso del Gobierno de la nación y de la Junta". A la comisión no ha asistido el presidente de la CHG, Joaquín Páez, quien ha preferido enviar un informe. Se trata de un documento demoledor en que se sostiene que la proposición de ley está al margen del plan hidrológico, la legalidad europea y los compromisos con la Unesco. "Declarar unas zonas como regables cuando no van a tener acceso al agua es como mínimo, inútil, y con más exactitud, un engaño", sostiene. Tampoco la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, citada por PP y Vox, ha acudido a la comisión. Puedes seguir a CLIMA Y MEDIO AMBIENTE en Facebook y Twitter , o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal