Construir una vivienda en suelo rústico a cambio de comprometerse a cultivar la finca durante al menos quince años. Es una de las novedades de la reforma de la ley agraria de Baleare s que se tramita en el Parlament y que ha recibido el respaldo de los agricultores de Ibiza, aunque con algunas reservas. Las cooperativas de la isla ven con buenos ojos cualquier medida que permita recuperar tierras abandonadas, pero temen que la posibilidad de desarrollar actividades turísticas complementarias acabe convirtiendo el campo en un negocio inmobiliario y de alojamiento. El artículo 141 del proyecto establece una nueva condición para autorizar viviendas unifamiliares aisladas de más de cien metros cuadrados construidos en fincas de al menos 14.000 metros cuadrados. Ya no bastará con disponer de la superficie mínima exigida por la normativa urbanística . El propietario deberá asumir también un compromiso de actividad agraria durante un mínimo de quince años, según recoge Periódico de Ibiza No será necesario que se dedique personalmente a la agricultura. Podrá contratar a profesionales, recurrir a una cooperativa o ceder la explotación a terceros . Lo que pretende la norma es que la construcción de nuevas viviendas lleve aparejada una recuperación efectiva de la actividad productiva. «Todo lo que tenga que ver con el mantenimiento de la actividad agraria y productiva de la tierra es bienvenido», asegura Xavier Conesa , gerente de la Cooperativa de Santa Eulària, que considera que el principal objetivo debe ser evitar que las fincas sigan abandonándose. Y no se trata únicamente de producir alimentos. Conesa recuerda que los agricultores también mantienen el paisaje , evitan que los terrenos se cubran de vegetación y contribuyen a reducir el riesgo de incendios forestales. «Todo lo que sea abrir el campo y dar opciones está bien», sostiene, aunque advierte de que habrá que comprobar cómo se aplica la normativa una vez aprobada. Temor al negocio turístico Las mayores reservas proceden de la Cooperativa de Sant Antoni , donde preocupa especialmente la regulación de las actividades complementarias que podrán desarrollar los agricultores. La reforma pretende mejorar las rentas del sector primario permitiendo iniciativas como la venta directa de productos, las experiencias de agroocio o las agroestancias de hasta seis plazas turísticas. Estas actividades, según el artículo 96, deberán desarrollarse en edificaciones legalmente existentes, que podrán reformarse pero no ampliarse. Sobre el papel, se trata de facilitar ingresos adicionales a unas explotaciones que tienen serias dificultades para resultar rentables. El problema, advierten desde la cooperativa, es lo que puede ocurrir cuando la agricultura tenga que competir con actividades mucho más lucrativas. «Esta ley es, en el fondo, la aceptación de las limitaciones que tiene el sector primario en Baleares. Como las explotaciones no son rentables, te dan otras actividades», señalan. Y plantean una cuestión de fondo: si una misma finca puede obtener ingresos del turismo y de la agricultura, ¿qué actividad acabará teniendo prioridad? «Si mezclas actividades en un mismo espacio, siempre afectará a la menos rentable », advierten. Desde Sant Antoni consideran que los derechos para desarrollar actividades complementarias deberían estar vinculados a las unidades de trabajo agrícola , de manera que la explotación productiva siga siendo la actividad principal. «No puede ser que, una vez que logres el permiso, puedas hacer lo que quieras», sostienen. El temor es que las nuevas posibilidades de diversificación terminen utilizándose para introducir usos turísticos en el suelo rústico sin una vinculación real con la agricultura. «Donde se pueda generar un alquiler turístico, la actividad agrícola pasa a ser secundaria», advierten desde la cooperativa, que recuerda que el Plan Territorial Insular establece restricciones a las actividades que pueden desarrollarse en suelo rústico. «No pueden aprovecharse de los problemas de los agricultores para modificar la ley y permitir otros usos como el turístico», insisten. La entidad pone como ejemplo el riesgo de que una actividad de venta de productos agrícolas acabe convirtiéndose en un restaurante, desvirtuando el objetivo inicial de la norma. Almendros y tierras abandonadas Más favorable a la reforma se muestra el exconseller balear de Agricultura Josep Juan Cardona , que considera que la nueva regulación puede contribuir a recuperar buena parte del paisaje agrícola tradicional de Ibiza. Una de sus principales ventajas, explica, es que no obliga al propietario a convertirse en agricultor profesional . La explotación podrá encargarse a terceros o incluso gestionarse a través de cooperativas. «Puedes encargar a una cooperativa este trabajo. Esto es algo que en Ibiza hace la Cooperativa de Sant Antoni, que tiene uno de los parques de maquinaria más grandes de Baleares», señala. Otra posibilidad será ceder las parcelas a un banco público de tierras que ponga en contacto a propietarios con personas interesadas en cultivarlas. Cardona destaca, además, que la normativa no impone un cultivo determinado, sino la obligación de mantener la tierra en producción . En Ibiza, donde buena parte de la agricultura tradicional de secano se ha basado en los almendros y algarrobos, esta fórmula permitiría recuperar explotaciones abandonadas y mejorar las existentes mediante la plantación de nuevos árboles. «Si hoy vas por el campo, es triste ver cultivos abandonados o almendros muertos . Con esta nueva ley vas a poder conservar lo que existe y tendrás una mejora paisajística importante», afirma. El exconseller recuerda que la actividad agrícola también tiene consecuencias positivas para el territorio. El laboreo de la tierra, explica, favorece su capacidad para absorber y retener el agua de lluvia . A su juicio, la reforma supone un cambio respecto a anteriores leyes agrarias, que considera más centradas en cuestiones urbanísticas que en el fomento de la producción. También defiende las actividades complementarias como una vía para mejorar los ingresos de los agricultores, especialmente en las explotaciones de secano, donde la rentabilidad suele ser más limitada. Sin vivienda para los temporeros Pero más allá de las posibilidades de construir nuevas viviendas o diversificar las explotaciones, los agricultores ibicencos tienen una reivindicación mucho más inmediata: necesitan alojar a los trabajadores que llegan a la isla para las campañas agrícolas. Y es que la crisis de vivienda que afecta al turismo, la hostelería y otros sectores económicos también está complicando la contratación de temporeros en el campo. Las dos cooperativas coinciden en reclamar que la nueva ley contemple soluciones concretas para las explotaciones agrarias , especialmente las de mayor tamaño, mediante la instalación de alojamientos desmontables destinados exclusivamente a los trabajadores. Desde la Cooperativa de Sant Antoni defienden que las explotaciones prioritarias puedan disponer de instalaciones para alojar a quienes participan en las distintas campañas de recogida. «Necesitamos algo ágil para los trabajadores que vienen a hacer las diferentes campañas», explican. Eso sí, reclaman que estos alojamientos estén estrictamente vinculados a la actividad agrícola y no puedan transformarse posteriormente en establecimientos turísticos. En Santa Eulària, Xavier Conesa describe una situación similar. «Ya es difícil encontrar a gente para trabajar en el campo y, con el problema de la vivienda, es peor», lamenta. Reseteos de trabajadores La propuesta pasa por autorizar instalaciones desmontables que permitan alojar a los temporeros en condiciones adecuadas, sin necesidad de levantar nuevas edificaciones permanentes. El gerente de la cooperativa recuerda que las campañas agrícolas tienen una duración limitada , pero durante esos meses los trabajadores necesitan un lugar donde vivir. «Aunque sean tres o cuatro meses, los trabajadores necesitan vivienda», insiste. La falta de alojamiento tiene, además, otra consecuencia para las empresas agrícolas: dificulta que puedan contar con los mismos trabajadores de una temporada a otra. «El problema es tener que hacer un reseteo de trabajadores cada año», explica Conesa. Los agricultores consideran que las actuales restricciones sobre el suelo rústico dificultan encontrar una solución a esta necesidad laboral. Por eso piden que la reforma agraria no se limite a regular las nuevas viviendas y las actividades complementarias, sino que tenga en cuenta las condiciones reales en las que trabajan las explotaciones. Porque, como recuerdan desde las cooperativas, de poco servirá obligar a cultivar nuevas hectáreas si después no hay trabajadores que puedan hacerse cargo de ellas. comentarios TE PUEDE INTERESAR