La Comisión Europea presentará su comunicación dentro de un mes. Los servicios de la Comisión Europea trabajan con cuatro ideas fundamentales en el proceso de elaboración de la comunicación sobre la futura PAC que se titulará, en principio, «El futuro de la alimentación y de la agricultura». La remodelación completa del régimen de reverdecimiento; el establecimiento de un límite por beneficiario para los pagos directos; reforzar el sistema de gestión de riesgos para hacer frente a los fenómenos climatológicos y las crisis de mercado con bajadas de precios, y, por último, mayores incentivos para la instalación de los agricultores y ganaderos jóvenes, política en la que se ha fracasado hasta ahora a la vista de los resultados.
Esta comunicación, que se pretende adoptar el 29 de noviembre, recogerá, si no hay cambios de aquí a entonces, un límite obligatorio en el montante de las ayudas directas que se puede percibir en una explotación, pero «teniendo en cuenta la mano de obra, para evitar efectos negativos sobre el empleo». En un principio, ese techo se podría fijar entre 60.000 y 100.000 euros. El objetivo de esta medida sería «reforzar el apoyo a los agricultores más pequeños mediante una redistribución de las ayudas», según figura en el texto que se filtró en Bruselas. En él se indica que la «PAC debe seguir reduciendo la diferencia en los niveles de apoyo entre los Estados miembros para minimizar la diferencia entre los del este y el oeste». Ello daría lugar a una redistribución de las ayudas y del dinero entre los países.
En lo que respecta a la remodelación completa del régimen de reverdecimiento, el elemento más novedoso de la actual PAC, los autores de ese «papel» plantean fusionar los tres instrumentos que forman este dispositivo: la eco condicionalidad, las medidas agroambientales y climáticas voluntarias en el marco del segundo pilar y las medidas de reverdecimiento propiamente dichas de los pagos directos, que se introdujeron en 2013. La idea sería abandonar esas medidas, para poner en marcha un nuevo sistema que esté basado en obligaciones de resultados más que en normas. Dicho de otra manera, se fijarían unos objetivos obligatorios para los Estados, a los que se dejaría un amplio margen de maniobra para conseguirlos.
Esta misma línea de actuación se aplicaría en las ayudas a los jóvenes agricultores, dando libertad a los países miembros para desarrollar las medidas más adecuadas en su territorio.