En Extremadura, entre 2009 y 2016 el volumen de subvenciones directas de la Política Agraria Común ha caído el 8%, hasta situarse en 540 millones de euros, y el número de perceptores se ha reducido un 21,8%, hasta 58.755 LAS ayudas de las Política Agraria Común (PAC) son un termómetro, que adecuadamente calibrado, toma la temperatura a nuestro sector primario. Desde 2010 se ha venido produciendo una constante caída del número de beneficiarios del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), el instrumento financiero de la Unión Europea (UE) encargado de apoyar al sector agrario mediante ayudas directas a agricultores y ganaderos.
En 2009, el número de beneficiarios en España ascendió a 1.219.638 con un montante total de ayudas de más de 6.000 millones de euros. En 2016, fueron 817.056 beneficiarios por un valor que rondó los 5.500 millones de euros. En total, una caída en siete años de un 33% de beneficiarios, aunque mucho menor, solo el 9,5% en cuanto al valor total de las ayudas. En 2017, sigue la tendencia, con una pérdida de casi 50.000 nuevos solicitantes.
En el caso de Extremadura, entre 2009 y 2016 el volumen de ayudas directas de la PAC ha bajado el 8% hasta situarse en 540 millones de euros, para un total de 58.755 perceptores en ese mismo año; un indicador que también ha sufrido una reducción del 21,8% desde 2009. En 2017 se han presentado 55.731 solicitudes de ayuda en Extremadura, que mantiene la tendencia decreciente. Afectan a un total de 2,7 millones de hectáreas, el 12,7% de la superficie nacional solicitada, y un 7,5% de los solicitantes. En esta región, por tanto, se mantiene una tendencia similar a la media nacional, aunque la caída es bastante más lenta.
Los datos de la serie Empleo de la unidad de Análisis y Prospectiva del Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca y Medio Ambiente (Mapama), muestran como la población ocupada agraria, incluyendo silvicultura y caza, asciende en el tercer trimestre de 2017 a 734.000 personas, mientras que en 2009 fue de 742.000. Estos dos datos indican cierta estabilidad, con un ligero repunte, algo que contrasta con la reducción de beneficiarios antes mencionada. Los motivos de esta disminución pueden ser diversos, ya que la población agraria ha disminuido en mucha menor proporción. Por un lado, en los últimos años, la nueva definición de agricultor activo ha dejado fuera a parte de los posibles solicitantes. También se ha visto afectado por el hecho de haber perdido las ayudas quienes cobran menos de 300 euros, lo que por un lado ha movido a algunos a unirse para pedirla conjuntamente. Otros, simplemente han renunciado a su gestión. Además, en algunos subsectores se ha producido una cierta concentración de la producción. En todo caso, siempre y cuando la aportación de este sector al PIB y el empleo no caigan, no hay que interpretarlo como un indicador negativo.
Es importante considerar que la evolución de las pagos de la PAC, tanto en montantes como en solicitantes, están directamente afectados por los cambios de la propia política agraria. En el momento actual, instituciones europeas y gobiernos nacionales se encuentran en la encrucijada de prorrogar la actual PAC hasta 2023 o 2024, esperando a conocer cómo queda el nuevo escenario europeo, una vez sea efectivo el 'brexit'. En este contexto, tiene coherencia la aprobación del reglamento Omnibus, que en la práctica supone una reforma parcial de la PAC. Por fin parece que hay consenso entre los Estados miembros, lo que consolida el acuerdo entre el Parlamento y la Comisión Europea. Si todo sigue según lo previsto, se podrá aprobar a finales de noviembre, y permitirá reformar temas de gran calado, también para el agro extremeño, como las ayudas acopladas, la definición de agricultor activo, el 'greening' o la inclusión de la dehesa y el monte mediterráneo dentro del coeficiente de admisibilidad de pastos. Lo que sería un riesgo importante sería demorar la nueva PAC sin realizar los ajustes necesarios para mejorar la actual.
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