La Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (Amfar), a través de la Oficina Nacional de Titularidad Compartida, ha atendido 204 consultas en el primer cuatrimestre del año.
Esta oficina abrió su puertas en 2017 con el objetivo de informar, asesorar y acompañar a las mujeres que voluntariamente quisieran gestionar la explotación agraria junto a su marido, pareja de hecho o relación análoga de afectividad, bajo la figura jurídica de la titularidad compartida.
Se trata de consultas atendidas entre enero y abril de este 2019, y que llegan principalmente de particulares, mujeres o matrimonios, que se plantean dar el paso a la incorporación de su negocio en esta figura legal que es la Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, ha informado Amfar este martes en un comunicado.
La directora de la oficina, Mariani Fuentes, ha destacado que numerosas consultas que ha recibido en estos meses procedían de Organizaciones agrarias (OPAS), Oficinas Comarcales Agrarias (OCAS), gestorías, entidades financieras, instituciones públicas, e incluso de la propia Agencia Tributaria.
"Entidades que han contactado con AGROTC para solucionar las dudas que les plantean sus propios usuarios a los que no han sabido dar respuesta", ha señalado Fuentes.
Este elevado número de consultas revela, según Fuentes, "las dificultades que se encuentran las mujeres que quieren darse de alta en titularidad compartida, y se pone de manifiesto con las cifras que arroja el Registro Nacional del Ministerio de Agricultura, donde sólo existen 602 mujeres inscritas en todo el territorio nacional, 174 de ellas en Castilla-La Mancha", ha indicado la responsable de la oficina.
La Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias es una norma básica para garantizar la igualdad real y efectiva de las mujeres en el sector agrario, ya que permite reconocer plenamente el trabajo y las responsabilidades de gestión que las mujeres ejercen en las explotaciones agrícolas y ganaderas españolas.
La presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, ha explicado que gracias a la titularidad compartida, las esposas de agricultores y ganaderos pueden disfrutar de sus propias prestaciones sociales, ver reconocido jurídicamente el trabajo que realizan en la explotación familiar y recibir un "tratamiento digno" en caso de separación o divorcio, entre otros aspectos.