Por primera vez, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación inicia los trámites para evitar fuertes oscilaciones de precio Todo lo que rodea al aceite de oliva ha cobrado especial relevancia en el panorama agroalimentario en los últimos tiempos. Las consecuencias de la sequía y el bajón de la producción llegaron a colocar el oro líquido por encima de los 9 euros en origen a principios de 2024, algo que ahora, con el virgen extra ligeramente por encima de los 3,5 euros por litro, parece impensable. La inercia ha cambiado en el campo. Después de las dificultades de los olivareros para sacar adelante sus producciones, la campaña 2024/2025 ha supuesto un importante refuerzo para los árboles. Las lluvias y la climatología favorable deja, con datos a 30 de abril, 1,4 millones de toneladas de producción de aceite de oliva, un 65,3 % más respecto a la misma referencia de 2024, convirtiéndose en la tercera más alta de la última década. La elevada cifra de producción ha hundido el precio del aceite de oliva y, una primavera más que generosa, que ha regado de optimismo y buenas expectativas al campo -y también al olivar- hace que los olivareros hayan intensificado su insistencia en activar el artículo 167 bis del reglamento comunitario 1308/2013 de la organización común de mercados (OCM) de los productos agrarios. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por petición de las organizaciones profesionales agrarias, ha iniciado los trámites para poder activar, por primera vez, un mecanismo de retirada obligatoria de aceite de oliva para equilibrar el mercado si la próxima campaña, tal y como se prevé, es especialmente abundante. «Es un tema que nosotros demandamos desde hace tiempo. Se está generando confusión sobre si este año va a ser necesario o no, este año entendemos que no, pero de cara a la campaña 2025/2026 hay que abordarlo ya para que cuando llegue el momento se ponga en marcha. La herramienta tiene que estar definida para que cuando haya que accionarla esté claro qué se puede hacer y qué no», apunta en conversación con El Debate Juan Luis Ávila, secretario general de COAG Andalucía y responsable del sector del olivar. El Gobierno ha abierto la consulta pública previa del texto de la futura orden que establecerá la «norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2025/26», una vía que interviene el mercado del oro líquido para garantizar precios estables. «Consiste en una herramienta que estabiliza los precios y que permite los agricultores, en una situación de excedente, tengamos la obligatoriedad de retirar una parte del aceite para inyectarlo en el mercado en momentos de escasez», explica Ávila, que precisa que este almacenamientos se haría en grandes bidones y con aceites lampantes que luego tendrían que ser refinado para su consumo. «Esta maniobra beneficia al productor, pero sobre todo al consumidor porque sujeta los precios. En vez de que haya seis meses con precios de 4 euros por litro en origen y otros cuatro de 8 euros por litros en origen de esta manera podríamos tener 6 euros por litro en origen todo el año», indica el dirigente de COAG. Ávila localiza la valoración en el final de septiembre, cuando haya datos de aforo y de existencias de aceite de oliva para tomar la decisión de cara a la campaña. «Hay que anticiparse porque o estamos preparados para ello o cuando se quiera implantar nos toparemos con la lentitud de la Administración», advierte el portavoz de los agricultores, que insiste en la utilidad de esta alternativa: «Puede dar mucha estabilidad, aunque todo depende de la cantidad que se retire. Al final si lo que se saca del mercado es muy poco no va a tener efecto». El jienense hace referencia al estudio Regulación de la oferta en el mercado oleícola realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de Jaén, la Universidad de Córdoba y el IFAPA, ya que enseña en qué momento y qué cantidad de aceite sería conveniente retirar para que haya buenos precios en origen y que no se disparen en destino. Hasta el 2 de julio, el ministerio encabezado por Luis Planas ha abierto la consulta pública previa a la elaboración del texto normativo que permitirá la activación de una retirada obligatoria y temporal de un porcentaje de aceite del mercado durante la próxima campaña. «El más beneficiado de esto es el consumidor», concluye Ávila.