Ambas comunidades han firmado un protocolo, que se remitirá al Ministerio de Agricultura, para que la PAC mejore la renta de los agricultores, contribuyendo a la lucha contra la despoblación.
El objeto del presente protocolo es recoger la posición compartida por los gobiernos de Aragón y Castilla-La Mancha en lo que debe ser la futura reforma de la Política Agraria Comunitaria, de cara a la defensa de los intereses que para sus respectivos territorios representa una adecuada aplicación de los mismos en sede de negociación europea por parte de las autoridades del Estado.
El consejero Olona ha señalado que "el convenio apuesta por una agricultura con agricultores" y para ello se hace "imprescindible una reforma en profundidad y en serio de la PAC, que beneficie a los agricultores profesionales y permita la conservación del modelo familiar".
Asimismo, ha añadido que "el futuro de las zonas rurales pasa porque las ayudas se decidan de forma justa y eficaz. Este es el escenario que queremos y el escenario más favorable para dos comunidades como Aragón y Castilla La Mancha con una gran importancia en la agricultura y que forman parte de la España interior con un grave problema de despoblación", han explicado desde el Gobierno aragonés es una nota de prensa.
Ambas comunidades coinciden en que los pagos directos deben seguir siendo una parte esencial de la PAC, de conformidad con las obligaciones establecidas en el Tratado de la UE, y rechazan que los pagos directos tengan que ser cofinanciados por los Estados miembros, tal y como apuntaba la Comisión Europea en la Comunicación "El futuro de la alimentación y la agricultura", que recoge loa indicios del posible rumbo de la PAC después de 2020, que influirán decisivamente en la agricultura, la ganadería y en el ámbito rural español.
Además, consideran que supondría un retroceso en la creación de valor añadido comunitario así como en el proceso de construcción europea. Consecuentemente, el nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE debe dotar a la PAC de un presupuesto suficiente que la haga fuerte y estable. Siendo necesaria una mayor y mejor adaptación a las condiciones particulares de los diferentes Estados miembros, es preciso evitar cualquier riesgo de renacionalización de la PAC.
Los consejeros coinciden en que el modelo de agricultura español debe centrarse en el mantenimiento y creación de explotaciones profesionales y de carácter familiar, y en el apoyo a los jóvenes y a las mujeres que deseen incorporarse al campo a fin de crear un tejido sostenible que impulse el crecimiento poblacional y socioeconómico del medio rural.
Por otra parte, consideran que los niveles de renta en la agricultura están aún lejos de igualarse con los del resto de sectores económicos, resultando imprescindible alcanzar una convergencia real entre las rentas de la agricultura y del resto de sectores productivos. Se persigue así una justa retribución del conjunto de la sociedad a todos los valores alimentarios, medioambientales, paisajísticos, culturales y de sostenibilidad, innovación y vertebración social y territorial brindados por la agricultura y la ganadería.
Este modelo de agricultura que defienden ambos consejeros supone poner el foco en los siguientes principios. Uno de ellos es la supervivencia del modelo de agricultura familiar en coexistencia con otros modelos de carácter profesional. Dado que no todas las explotaciones necesitan similar nivel de apoyo, han de aplicarse sistemas degresivos o ayudas redistributivas en los pagos directos, con la finalidad de avanzar en el objetivo de la equiparación de la renta de los agricultores con respecto al resto de los ciudadanos aumentando, sobre todo, las bajas rentas y protegiendo las de quienes más dependen de la agricultura y la ganadería contribuyendo con ello, más y mejor, a su mejora y sostenibilidad económica, social y ambiental.
Otro de estos principios es el relevo generacional, que debe ser uno de los pilares de la política agraria, intensificando las medidas actuales e introduciendo otras medidas novedosas que mejoren el actual sistema de formación agraria y asesoramiento, potenciando la incorporación de jóvenes al sector.
El tercer principio es la dimensión social de la agricultura, prestando mayor atención a las condiciones laborales del cada vez mayor número de trabajadores agrarios por cuenta ajena, vinculando las ayudas otorgadas al empleo generado, luchando así contra la economía sumergida. Asimismo, se ha de fomentar una ambiciosa política de integración de las mujeres y de la igualdad de género en el medio rural.
Además, también se pretende luchar contra la despoblación, en la que juega un papel determinante el modelo familiar de explotación agraria por su estrecha vinculación al territorio así como la generación y mantenimiento de empleo agrario al que también pueden y deben contribuir otros modelos productivos.
La protección del medio ambiente es otro de los pilares. En este sentido, es ineludible el papel de la agricultura en la lucha y adaptación al cambio climático, la preservación de los suelos, la calidad de las aguas, la biodiversidad, la emisión de gases de efecto invernadero, o la conservación de paisajes. Se ha de compatibilizar el cuidado del medio ambiente con la rentabilidad de las explotaciones, desempeñando la investigación en este contexto un importante papel en el desarrollo de nuevas técnicas medioambientalmente respetuosas. En este sentido, la formación y concienciación de los agricultores de la relación entre medio ambiente, clima y agricultura contribuirá a la sostenibilidad del medio rural y a la legitimación social de la financiación pública de la PAC.
La seguridad y calidad alimentaria, cuyo elevado estándar ya logrado representa una de las principales fortalezas del sistema agroalimentario nacional en el mercado interno y global, es otro de los principios, así como la dieta mediterránea, que formando parte del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad incorpora valores saludables directamente relacionados con muchas de nuestras principales producciones nacionales (frutas y hortalizas, aceite de oliva, vino, legumbres y proteaginosas, etc.) que deben alcanzar un mayor reconocimiento y apoyo en el contexto europeo.
Finalmente, está el fortalecimiento de la posición del agricultor y ganadero en la cadena alimentaria, afrontando la elevada volatilidad en los precios agrarios, que en ocasiones pone en peligro su supervivencia, y la aención al consumidor y contribuyente, siendo imprescindible potenciar las acciones de información y concienciación sobre la importancia y el valor de las explotaciones agrarias, que proporcionan alimentos seguros y de calidad a precios asequibles y, al mismo tiempo, aseguran la pervivencia del medio rural y el medio ambiente. Los agricultores necesitan el aporte financiero de la PAC para llevar a cabo estas importantes tareas que el mercado no les retribuye en su totalidad a través de la cesta de la compra, para obtener una rentabilidad digna.
El protocolo será enviado al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, así como a las consejerías competentes en materia de agricultura de las restantes comunidades autónomas con el ánimo de impulsar un debate nacional que contribuya a definir la posición de España en las correspondientes negociaciones en el contexto comunitario. "Queremos que sea un acuerdo que tenga consecuencias a nivel nacional", ha señalado Olona.
Asimismo, con el fin de supervisar las actuaciones a desarrollar y resolver cualquier cuestión que durante el desarrollo del protocolo pueda surgir, se creará una Comisión de Seguimiento formada por dos representantes de cada una de las entidades firmantes. La duración del protocolo es de cuatro años.