La decisión se tomó después de que las inspecciones oficiales confirmaran las condiciones de maltrato animal documentadas por la organización.
Imagen de archivo de una granja de cerdos.
Javier Escriche / HERALDO
El Gobierno de Aragón ha iniciado el proceso para la abrir un expediente sancionador contra la granja de cerdos Agra Pur SL, ubicada en Alfamén (Zaragoza), tras la denuncia presentada por la Fundación Igualdad Animal.
La decisión, de la que ha informado Igualdad Animal, se tomó después de que las inspecciones oficiales confirmaran las condiciones de maltrato animal documentadas por la organización, que evidenciaron, aseguran en una nota de prensa, situaciones de "hacinamiento extremo", "heridas abiertas y deformaciones" en los animales, así como la presencia de "cadáveres abandonados" y casos de "canibalismo".
Igualdad Animal presentó la denuncia en noviembre de 2024 con el argumento de graves incumplimientos de la normativa de bienestar animal en la explotación, cuyas imágenes mostraban a cerdos "siendo devorados vivos" y "sin atención veterinaria".
Según la fundación, la granja estaría vinculada a Copiso, una compañía de producción de carne de cerdo que cuenta con certificaciones de bienestar animal y que se destina principalmente a la producción de Jamón de Teruel D.O.P., distribuido en los principales supermercados del país.
Las sanciones, de acuerdo a Ley 32/2007 de protección de animales y la Ley 8/2003 de sanidad animal, podrían alcanzar hasta los 100.000 euros por "la ausencia de control sobre los animales y el abandono de los mismos y sus cadáveres" y hasta 60.000 euros por "incumplimientos en el cuidado sanitario que representan un riesgo para la sanidad animal".
No obstante, desde el Gobierno de Aragón han precisado a Efe que lo que se inicia es el proceso para la apertura del expediente sancionador, que puede derivar o no en una sanción.
Las inspecciones realizadas en la explotación por Igualdad Animal corroboraron la existencia de condiciones insalubres y una prolongada vulneración de la normativa.
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"Todo apunta a que esta situación es continuada y reincidente", asegura la organización, que ha solicitado a la administración una investigación exhaustiva sobre la trazabilidad de los animales para determinar posibles infracciones en la legislación de seguridad alimentaria y salud pública.
La gerente de incidencia legislativa de Igualdad Animal, Anna Mulá, ha valorado la decisión del Gobierno de Aragón como un paso positivo, pero ha advertido que el hecho "confirma una vez más que las condiciones en que se crían y mantienen a los cerdos en las explotaciones ganaderas distan mucho de las obligaciones que la normativa ha establecido para evitar que los animales padezcan dolores o sufrimientos".
La organización también ha exigido medidas de corrección, seguridad y control que "impidan la continuidad en la producción del daño", incluyendo el cese de la actividad en la explotación afectada.
Por su parte, Javier Moreno, cofundador de Igualdad Animal, ha destacado que el caso de Agra Pur SL "no es un hecho aislado" y ha denunciado "el sufrimiento constante que padecen los animales en las explotaciones ganaderas de este país".
Asimismo, ha reclamado que las autoridades "sancionen a los responsables y tomen medidas urgentes para poner fin a estas prácticas crueles".
La Fundación Igualdad Animal ha documentado repetidamente situaciones similares en la industria porcina en España, por lo que señala una "falta de control" en las inspecciones oficiales.
Según la organización, en 2023 se inspeccionó menos del 1 % de las explotaciones ganaderas en el país, lo que a juicio de Moreno, demuestran una "falta de control" por parte de las autoridades a los "incumplimientos generalizados de la normativa".
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