El Ministerio de Agricultura presentó este 18 de abril en una reunión con representantes del sector de fruta de hueso su proyecto de informe semanal de seguimiento de campaña, que incluirá datos relativos a producción, comercio exterior, consumo, retiradas y precios. El objetivo es que sea un instrumento de información eficaz que contribuya a una mejor gestión de mercado.
El informe sigue el modelo de los denominados "dashboards" o pizarras, en su versión en castellano, realizados por la Comisión Europea para productos de origen animal (leche, carne de ternera, carne de cerdo, carne de pollo, carne de oveja y huevos), de origen vegetal (cereales, oleaginosas, azúcar, aceite de oliva y vino) y algunas rutas y hortalizas: tomate, manzana, cítricos y melocotón y nectarina o tomate.
El informe se realizará semanalmente e incluirá cuatro tipo de datos principalmente: avances de producción y comparación con las campañas anteriores por especies; comercio exterior por meses, con datos de Eurostat y del CEXVEGF, que incluye las exportaciones a terceros países que requieren certificado sanitario; consumo nacional en hogares y datos de precios, que incluirán precios salida de organización de productores (OPs) por semanas, incluyendo un análisis del comportamiento del mercado a nivel nacional para todos los productos.
El Mapama prevé que en la próxima campaña se pueda disponer, por tanto, de un modelo válido para todas las especies de fruta de hueso, con el que contribuir a una gestión más ordenada de la oferta.
Precisamente, la mejora de la información era una de las propuestas incluidas por este departamento en el Plan de Medidas para el sector de la fruta dulce, presentado en marzo de este año.
A la reunión asistieron también representantes de la Agencia de Información y Control Alimetnarios (AICA), quienes informaron de que en el último trimestre de 2017 se realizaron un gran número de controles en el sector de fruta dulce, habiéndose detectado un elevado grado de incumplimiento, principalmente en los plazos de pago, en un 43% de las inspecciones realizadas, y en las obligaciones derivadas de la contractualización, especialmente relacionadas con los precios, que suponen un 48%.