En 1988 nadie sabía lo que era un minijob, pocos habrían entendido el significado del concepto empleo precario, y la expresión contrato basura habría causado, directamente, espanto. Sin embargo, la realidad laboral de la España poscrisis está marcada por este tipo de fórmulas y modalidades de trabajo. Al amparo de la legislación actual, ahora se firman contratos por horas y se anuncian expedientes de regulación de empleo para fichar luego como autónomos a los mismos trabajadores despedidos. Echar a un empleado a la calle cuesta hoy entre un tercio y la mitad que hace 30 años: 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades, frente a los 45 días con tope de 44 mensualidades de antes. Pero la mayor pesadilla de los asalariados actuales no se llama paro, sino pobreza laboral: los sueldos han bajado tanto en múltiples sectores económicos tras la Gran Recesión que tener un puesto de trabajo no garantiza salir de la miseria.
Vista en perspectiva, la historia de los derechos laborales en España en las últimas tres décadas es el relato de un recorte continuo con pinta de acabar en la novela dickensiana. En 1988, los sindicatos paralizaron el país para protestar por un Plan de Empleo Juvenil que dejaba a los nuevos trabajadores -jóvenes sin experiencia laboral- fuera del convenio colectivo, cobrando el salario mínimo interprofesional -aunque sus compañeros ganaran el triple por hacer el mismo trabajo- y con la garantía de acabar en la calle 18 meses más tarde. A la luz de los contratos precarios -temporales o de prácticas- que se firman hoy día, aquellas condiciones parecerían un lujo.
«Es cierto que el Gobierno metió en un cajón el Plan de Empleo Juvenil tras la huelga general de 1988, pero lo volvió a sacar en la reforma laboral que impuso en 1994», advierte Antonio Gutiérrez, secretario general de Comisiones Obreras entre 1987 y el año 2000. Desde el 14-D, España ha conocido dos grandes crisis económicas, siete reformas laborales y ocho huelgas generales. El saldo de ese recorrido apunta en una única dirección: la progresiva precarización del empleo y la merma de derechos de los trabajadores. Si la reforma de 1994 legalizaba el despido objetivo y los contratos basura, la del 2002 dificultaba el acceso a la prestación por desempleo y recortaba el subsidio agrario. Si el ajuste del 2010 daba margen a los empresarios para saltarse las condiciones salariales del convenio colectivo, la del 2012 abarataba el despido hasta condiciones nunca antes vistas.
«La legislación laboral ha ido mutando a golpe de crisis económica. Cada reforma trataba de adaptar el Estatuto de los Trabajadores a la situación de cada momento. La de 1994 fue una respuesta a la crisis de 1993. La del 2012 hacía frente a la Gran Recesión. Lo llamativo es que cuando un derecho laboral se perdía, en la siguiente reforma ya no se recuperaba», destaca Jesús R. Mercader, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III.
El eufemismo utilizado en estas tres décadas para maquillar ese empeoramiento de las condiciones laborales se llama flexibilidad. «La idea que se perseguía era hacer más fácil el acceso de los trabajadores al mercado laboral, pero al precio de facilitar también su salida de él», explica Mercader. En opinión del historiador José Babiano, experto en Historia del Trabajo, la evolución experimentada por la legislación laboral en estos 30 años tiene una clara lectura ideológica: «La retórica neoliberal ha conseguido convertirse en la retórica del sentido común. Culturalmente, el neoliberalismo ha vencido».
Pero los problemas continúan. Los periódicos ajustes aplicados al Estatuto de los Trabajadores desde la huelga general de 1988 no han servido para acabar con la principal dolencia del mercado laboral español: su elevado índice de desempleo, superior al de cualquier país de nuestro entorno. Incluso en épocas de vacas gordas, como la del boom inmobiliario de la década del 2000, el paro nunca llegó a bajar por debajo del 8% de la población activa. En fechas previas al 14-D, en España había casi 3 millones de parados. Treinta años más tarde, hay los mismos.
La comparación
En el juego de las comparaciones entre los años 1988 y 2018, el dato que más llama la atención es el aumento de la tasa de temporalidad. Si entonces causaba escándalo que alcanzara el 22%, tres décadas más tarde convivimos con normalidad con cotas del 27,4%. «Hoy en España no se crea empleo, se ofrecen trabajos temporales. Se firman contratos por días y la gente va entrando y saliendo del mercado laboral con asiduidad, pero el problema estructural de nuestro mercado laboral, que es la mala calidad del empleo, sigue pendiente de resolverse», se lamenta Mercader.