Los agricultores obligan a retrasar el cuaderno digital y piden a Sánchez que recule

El controvertido registro digital obligatorio se pospone un año debido a las dificultades para su implementación. La Comisión Europea ha reconocido las reivindicaciones del sector agrario y ha aprobado la ampliación del plazo para la entrada en vigor del cuaderno digital de fitosanitarios, una herramienta que el campo venía denunciando por su exceso de carga burocrática y por la falta de medios técnicos para su aplicación en zonas en las que a veces ni siquiera hay cobertura. De este modo, Bruselas reconoce sus propios excesos burocráticos, pero no recula. Simplemente pospone la obligatoriedad del cuaderno digital del 1 de enero de 2026 al 1 de enero de 2027. A pesar de ello, el campo celebra el giro en la postura de Bruselas, que hace apenas medio año consideraba "poco factible" retrasar la aplicación. El cuaderno de explotación digital es una herramienta impuesta por la normativa europea que obliga a los agricultores a registrar de forma electrónica las aplicaciones de fitosanitarios, el tipo de semillas utilizadas y otros datos relacionados con la gestión de sus explotaciones. La obligación aumenta el papeleo y resta tiempo al trabajo en el campo, además de requerir conocimientos técnicos y acceso a Internet. ASAJA pide coherencia al Gobierno ASAJA ha celebrado la medida como "una gran noticia" para el sector agrario, pero advierte de que el trabajo no ha terminado. La organización exige al Gobierno de España que adopte formalmente la prórroga y revise de manera urgente el Real Decreto que regula la aplicación del cuaderno digital para retrasar su entrada en vigor. No obstante, la organización reclama "un aplazamiento indefinido" de la medida hasta que existan "garantías reales de transición", con condiciones adecuadas para su aplicación en el medio rural. ASAJA advierte de que, a día de hoy, no todos los agricultores disponen de conexión a internet suficiente, especialmente en zonas rurales con brecha digital, ni cuentan con el asesoramiento ni la formación necesarios, especialmente entre los agricultores de mayor edad. Además, la organización recuerda que esta obligación no puede suponer una carga administrativa adicional para los productores.