Menú Análisis La PAC, cada vez más verde y territorializada Hace pocos días la Unión Europea aprobó formalmente la nueva Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2023-2027, tras más de tres años de negociaciones. Un nuevo escenario donde el medioambiente ha cogido todavía más fuerza, alineado con el Pacto Verde Europeo, la Estrategia de Biodiversidad y la del Campo a la Mesa. Por otro lado y por primera vez en las numerosas reformas previas, los estados miembros deben desarrollar una estrategia que adapte este nuevo marco regulatorio a la realidad de cada país. En total son 386.000 millones de euros, de los que 47.724 millones corresponden a España, un 12,4% del presupuesto global. Uno de los aspectos más innovadores son los llamados ecoesquemas, un nuevo modelo de pagos que supondrá el 25% de las ayudas directas, y que requerirá que los agricultores y ganaderos incorporen prácticas agroambientales en sus explotaciones. Si bien es cierto que es un sistema voluntario que no obliga al profesional del campo, no lo es menos que si quiere acceder a este importante montante deberá ajustar su actividad a estas prácticas. Pero no hay que confundir esta línea de acción o cualquier otra incluida en la PAC con los objetivos de las grandes estrategias antes mencionadas, que para su cumplimiento requieren una sustancial reducción en el uso de fertilizantes, de fitosanitarios e incluso alcanzar un 25% de superficie cultivada en ecológico antes de 2030. No olvidemos que la PAC se empezó a negociar antes de este gran pacto europeo, y por tanto en esta reforma no hay ninguna medida específica que lo desarrolle. En consecuencia, no será en esta, sino en sucesivas modificaciones de esta política, cuando se empiecen a hacer efectivas las medidas. En todo caso, un objetivo difícil de alcanzar, sobre todo sin el apoyo directo de la gran herramienta de desarrollo agrícola, que es la propia PAC. En anteriores reformas los Estados miembros no tenían margen de maniobra, salvo en el segundo pilar, el de desarrollo rural. Ahora, la Unión Europea ha establecido nueve objetivos estratégicos muy genéricos, que cada país tiene posibilidad de concretar en acciones específicas, y la Comisión analizar si contribuyen al cumplimiento de estos objetivos. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya ha hecho sus deberes y ha publicado su plan estratégico para la Política Agrícola Común 2023-2027, que estará en información pública durante un mes. Se trata de un documento de 1.519 páginas, de las que el 86% corresponden al Estudio Ambiental Estratégico, un dato más que ratifica el marcado carácter medioambiental de la misma, con más del 40% del presupuesto contribuyendo directamente a ello. España se ha comprometido a tenerlo terminado y entregado a la Comisión antes de final de año, algo que con los plazos arriba mencionados, no deberá tener problema en cumplir. A partir de entonces y durante los primeros meses del año 2022 entrará en fase de negociación con la Comisión. El proceso previo de elaboración de este Plan ha durado más de dos años y ha contado con la participación de las comunidades autónomas y del propio sector, a través de sus diferentes agentes. Una de las novedades es que ya no hay 17 planes de desarrollo rural, sino uno solo. En cuanto a la distribución de fondos para el agro español, alrededor de 2.300 millones de euros irán a pagos acoplados, 12.000 millones de euros a ayudas básicas a las renta, 5.550 millones a ecorregímenes, 2.400 millones destinados a ayudas complementarias a la renta y solo 482 millones a jóvenes agricultores. Hay tres grandes bloques. El primer de ellos, de carácter social, orientado el relevo generacional y rejuvenecimiento de la agricultura, incluida también la dimensión de género. El segundo, ambiental, el más potente y en el que se incluyen los llamados ecoesquemas. El último relacionado con la competitividad del sector alimentario, incluida la modernización de los regadíos y de las explotaciones. Tendencias Coronavirus Las caras del deporte Crónica negra Sucesos HOY Agro En Salsa