Las Cortes aprueban con el apoyo unánime de todos los grupos salvo el PSOE que se abstuvo pedir un estudio a la Comisión Europea sobre el impacto en el sector de la Ley de bienestar animal Las Cortes de Castilla y León piden la realización de un estudio previo por parte de la Comisión Europea sobre el impacto en el sector cárnico y en los consumidores de la revisión de la norma de bienestar animal. La iniciativa, impulsada por Vox, salía adelante sin votos en contra pero con la abstención del PSOE, y en ella se insta a mantener una postura que evite crear situaciones que coloquen al sector ganadero español, y en concreto al de Castilla y León, en una situación de pérdida de competitividad frente a productores de países terceros mediante la imposición de nuevos costes derivados de la transición ecológica y las políticas de bienestar animal. En su exposición de defensa de la iniciativa, José Antonio Palomo, de Vox, explicaba que el sector porcino genera 15.000 empleos en Castilla y Leó n con un volumen de 1.309 millones, el avícola otros 1.309 y el cunícola unos 20 millones pero consideró que las medidas promovidas de la Unión Europea suponen una reducción del PIB de España y de la Comunidad. "Son productos básicos que se verían afectados", indicó. Palomo expresaba "la profunda preocupación" de Vox ante normas de bienestar animal porque supondrá unos costes adicionales y unas inversiones para las que no tendrán capacidad y subrayó que el impacto llegaría a la cadena cárnica, lo que repercutiría en el coste de los consumidores. "Detrás de cada granja hay familias", incidía, mientras recordaba que ahora el pollo entero cuesta tres euros y con esas normas rondarían los diez euros. Por ello, apelaba a la necesidad de encontrar un equilibrio entre el bienestar de los animales y el sector cárnico. En los antecedentes de la propuesta, se achaca la revisión a "la desorbitada influencia de los lobbies animalistas", con la que se pretende aplicar medidas mucho más restrictivas en cuanto a las condiciones exigidas a las explotaciones ganaderas, lo que implicaría la reducción del número máximo de cabezas que se permite albergar por metro cuadrado de explotación. Estas medidas afectarían principalmente a estos tres subsectores: el avícola, el cunícola y el porcino, que tienen un impacto cercano al 3 por ciento del PIB de Castilla y León. Su impacto supondría un sobrecoste productivo del 15 por ciento para las explotaciones ganaderas. Por el Grupo Socialista, Juan Luis Cepa manifestaba que existe confluencia entre la propuesta de Vox y lo que defiende el Gobierno de España, aunque se mostró en contra de algunos datos de los antecedentes de la proposición no de ley. "En contra no vamos a votar", avanzó, para coincidir en que la revisión de la normativa europea "se debe mirar y estudiar". La procuradora del PP Lorena de la Fuente, por su parte, calificaba de "fundamental" el concepto de bienestar animal, afirmó que en España se cumple por encima de la normativa vigente y subrayó que con la revisión una granja de pollos de 33.000 animales pasaría a 11.000 con un tercio menos de ingresos. "Una ruina absoluta", remataba, en declaraciones recogidas por Ical. " Sí la solución pasaría por importar productos, la pregunta sería si se va a permitir la entrada con menos calidad ", señalaba la parlamentaria que apoyó la realización de un estudio previo de costes. "Sí el campo no produce, la ciudad no come", concluía. Por último, Palomo se mostraba convencido de que los eurodiputados del PP harán valer la posición sobre la revisión de esta norma y agradeció al Grupo Socialista que no vote en contra. "Debería ponernos a todos de acuerdo, no es una propuesta partidista", anotó el procurador, que recordó el aumento constante y alarmante de los productos básicos. Vanessa García (UPL-Soria Ya) mostró el apoyo desde la defensa de un sector ganadero sostenible, se refirió a recomendaciones del CES sobre la puesta en marcha de medidas para garantizar la sostenibilidad ambiental.